Tras dos semanas de largas vacaciones, Pedro Sánchez vuelve al trabajo para encontrarse con el problema de siempre: la gobernabilidad. Reunión en la cumbre con Oriol Junqueras para dos temas clave: uno, la financiación única de Cataluña; dos, y como primer paso, el alivio parcial de la deuda. Ambos dirigentes podrían llegar a acuerdos iniciales, el problema es que en realidad serán letra muerta mientras Puigdemont no dé el visto bueno, y no parece que la fuga vaya a ponérselo fácil ni al socialista ni al republicano. Míriam Nogueras ya ha avanzado que «o acuerdo o nada», algo que parece imposible en las circunstancias actuales, ya que hay otros socios territoriales (Compromís, la Chunta, el BNG) que tienen reservas no sólo hacia un hipotético acuerdo de cuotas al estilo vasco, sino incluso hacia una financiación singular, que debería permitir a Cataluña recaudar el cien por cien de los impuestos recaudados en esa comunidad. Entonces el acuerdo entre Sánchez y Junqueras es posible, pero habrá que ver las posiciones que luego adopten tanto Junts como los socios minoritarios, además de que buena parte de los territorios del PSOE también observan con desconfianza este proceso.

La primera parte de la negociación podría ser más sencilla, referida a la reducción de la deuda con el FLA, y que supone la condonación de 17.104 millones, lo que equivale al 22 por ciento de la deuda catalana. El objetivo de los neoconvergentes es lograr una reducción total, lo que supondría alcanzar los 73.000 millones, pero es cierto que tendrían dificultades para oponerse a un perdón parcial, sobre todo si se propone como un primer paso para una futura acción plena. Por supuesto, la condición sine qua non, y los puigdemons podrían hablar en serio al respecto, es que la medida no estuviera dentro de un decreto ómnibus, con varias decenas de otras cuestiones no relacionadas. O es un decreto expreso o no habrá apoyo. Ya han votado en contra en otras ocasiones temas tan delicados como la revalorización de las pensiones o la ampliación de las bonificaciones en el transporte. No tuvieron ningún problema en hacerlo y justificarlo. Por eso sólo un decreto ad hoc podría hacer que este apoyo al Gobierno fuera algo presentable ante su electorado. Tienen razón, aunque la realidad es que los votantes de Junts empiezan a estar más preocupados por otras políticas, como demuestra el traspaso de votos al ultra Orriols y su Aliança Catalana. Los partidarios de Puigdemont, entre ellos muchos de clase media alta, pequeños comerciantes, pymes y autónomos, están más preocupados por la inmigración, la inseguridad y la okupación que por una independencia que ya no está entre las primeras preocupaciones de los catalanes.

El apoyo a la reducción puede ser factible, en la medida en que los socios restantes también puedan demostrar que sus territorios se benefician. Lo que pasa es que es un tema puntual, que no elimina los interrogantes que nublan la actual legislatura. Junts ha cortado vínculos con Moncloa y, además de apoyos puntuales como deuda o financiación, no volverá al pacto a menos que, poniendo un precio muy alto, Sánchez quiera pagarlo. Y tal cuestión, además del regreso del fugado, no puede ser otra que el referéndum, una consulta como primer paso para el Estado plurinacional, con dos naciones reconocidas (Cataluña y País Vasco) dentro de la Confederación Ibérica, que permitiría a vascos y catalanes tener una independencia cuasi de facto, y a Sánchez mostrarla como un mero acuerdo político de territorialidad, que garantizaría que «España no está rota».