FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | Andalucía y Cataluña serían las comunidades que más incrementarían su financiación con el nuevo modelo del Gobierno
Andalucía (4.846 millones de euros), Catalunya (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669 millones) y la Comunidad de Madrid (2.555 millones) serían las autonomías que más verían incrementados sus recursos en 2027 con la propuesta de reforma del modelo de financiación de las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) que el Gobierno ha presentado este viernes tras pactarlo con ERC. Las cuatro comunidades, que representan en torno al 61,5% del PIB y el 60% de la población española, recibirían el 75% de los 20.975 millones de financiación adicional para las autonomías respecto al sistema actual. Para ello, eso sí, el Ejecutivo debería lograr la aprobación de su proyecto en las Cortes, algo hoy por hoy poco probable dada la oposición del PP y Junts.
[–>[–>[–>La propuesta, en todo caso, implica una cantidad mayor de recursos para todas las comunidades. El Gobierno, así, pretende aprovechar la mayor parte del incremento de la recaudación tributaria provocado por el crecimiento económico (unos 30.000 millones de euros más en 2025) para que todas las autonomías aumenten su financiación y la reforma sea ‘vendible’ en todos los territorios. Las únicas comunidades que se quedarían igual respecto al modelo vigente serían Cantabria y Extremadura, pero el Estado las compensaría (con 46 y 216 millones, respectivamente) para que también resultasen beneficiadas.
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En cualquier caso, la variable fundamental del sistema de financiación autonómica no es la cantidad bruta de dinero que recibe cada comunidad, ni siquiera la cantidad en función de su población. El modelo está basado en el concepto de población ajustada, que corrige el número bruto de habitantes en función de distintos factores (como el envejecimiento o la población en edad de estudiar) para tratar de reflejar el coste real de prestar los servicios públicos. Es crucial porque supone la base para repartir la financiación. En este punto, el Gobierno ha rechazado dar datos de cómo quedaría el sistema, pero sí ha ofrecido algunas pistas.
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que la diferencia máxima en financiación por habitante ajustado entre las comunidades mejor y peor dotadas (actualmente, Cantabria y Murcia) se reduciría con el nuevo modelo desde los «injustificables» actuales 1.500 euros a 700 euros. El margen incluso podría haberse recortado a 477 euros, pero el Ejecutivo ha decidido introducir un mecanismo de compensación para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior modelo. Este ajuste provoca que la diferencia final sean los citados 700 euros.
[–>[–>[–>Ordinalidad matizada
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Montero ha descartado publicar el ‘ranking’ de cómo quedarían todas las comunidades en financiación por habitante ajustado con el argumento de que «no hay ninguna necesidad de hacer un llamamiento a los agravios territoriales». Pero, como también ha reconocido, lo cierto es que el nuevo modelo permitirá al Gobierno cumplir su pacto con ERC de que Catalunya ocupe el mismo puesto en el ‘ranking’ por recursos aportados y recibidos por habitante ajustado (el tercero, cuando ahora es la tercera por contribución y la décima por percepción). Es decir, que aunque ninguna comunidad saldrá perdiendo, unas saldrán ganando más que otras respecto al modelo actual.
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Así, aunque el nuevo sistema «tendería» a que haya una mayor relación entre ambos conceptos en términos generales, no todas las comunidades se beneficiarían de ese llamado ‘principio de ordinalidad’. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid seguirá siendo la que más aporta, pero la segunda por recursos recibidos por habitante ajustado. Cantabria se mantendría como la primera gracias a la aportación extraordinaria que realizaría el Estado para que se quede como hasta ahora. La novedad es que las diferencias entre esa comunidad y el resto se reducirían (en el caso máximo, de los citados 1.500 a 700 euros).
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[–>Bases del modelo
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De ser aprobado, el nuevo sistema aportaría en total 224.507 millones de euros a las autonomías en 2027, un 9,34% más de los que percibirían con el actual. Una de las principales novedades es que elevaría el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades, del actual 50% al 55% y el 56,5%, respectivamente. Esa medida aumentaría en 15.756 millones de euros los recursos de las autonomías. Adicionalmente, el Estado aportaría hasta 22.485 millones adicionales. En total serían 38.241 millones, que frente a los 17.266 millones en que se incrementarían el año que viene los recursos de las comunidades con el sistema actual dan la diferencia de 20.975 millones.
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El Gobierno ha planteado cambios en la metodología de cálculo de la población ajustada para tratar de recoger mejor las distintas circunstancias demográficas, socioeconómicas y geográficas de cada territorio. Esta nueva definición implicará cambios en el reparto, pero Hacienda ha evitado explicarlos. Además del incremento de la cesión de impuestos, el nuevo modelo propone una reforma del sistema de solidaridad interterritorial, por el que las comunidades con una financiación por habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos que aportarán las que estén por encima con el objetivo de reducir las diferencias.
[–>[–>[–>Con el actual modelo, solo Madrid, Baleares y Catalunya contribuyen, pero habrá que ver cómo quedaría con el nuevo (cada comunidad aportará al sistema el 75% del diferencial entre su financiación por habitante ajustado y la media). Además, también se reformaría la aportación que hace el Estado para paliar las diferencias entre comunidades. La administración central aportaría 18.993 millones en 2027 para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a Madrid, la región que presenta la mayor financiación por habitante antes de la compensación extraordinaria que mantendría a Cantabria en cabeza.
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Ajustes adicionales
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Además, hay tres mecanismos adicionales: uno que permitiría a las comunidades que quieran recibir una parte de la recaudación del IVA generado por las pymes de su territorio y que beneficiaría a las que tengan empresas con más actividad en otras regiones (hasta 2.084 millones); un fondo climático (1.000 millones de euros, de los que dos tercios se repartirán entre las comunidades mediterráneas); y 400 millones del Estado para que ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Asimismo, el Gobierno propondrá de forma paralela una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, no incluido en el sistema de financiación, para apoyar a las comunidades con menor financiación por habitante y reducir aún más las diferencias.
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Adicionalmente, el modelo propuesto permitiría que la financiación de las competencias no homogéneas (aquellas no comunes a todas las autonomías) pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. También incluye que las comunidades que lo deseen puedan acogerse a un sistema de caja común (los ingresos del IRPF y otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal y autonómica), el desarrollo progresivo de un modelo en red (para que las comunidades puedan ir asumiendo más competencias gestoras, siempre en coordinación con el Estado) y una ampliación de las competencias normativas autonómicas (pero con límites a definir para evitar la competencia o ‘dumping’ fiscal entre comunidades).
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