Adolfo Suárez propuso limitar la compra de viviendas a extranjeros
El debate sobre la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes, que en los últimos años ha vuelto con fuerza al centro de la agenda política y social, tiene precedentes claros en la historia reciente del archipiélago. Mucho antes de que la crisis de acceso a la vivienda se convirtiera en una de las principales preocupaciones ciudadanas, el Estado ya trató de intervenir para regular la adquisición de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en territorios especialmente tensionados como Baleares y Canarias.
[–>[–>[–>Corría enero de 1979. España se encontraba en plena Transición y el Gobierno presidido por Adolfo Suárez trataba de equilibrar la apertura económica del país con la necesidad de ordenar un crecimiento turístico e inmobiliario que ya comenzaba a generar tensiones. El día 10 de enero, la Comisión General de Subsecretarios se reunió bajo la presidencia del entonces ministro de la Presidencia, José Manuel Otero. El primer punto del orden del día fue un decreto para fijar un límite máximo a la compra de propiedades territoriales por parte de ciudadanos extranjeros en las islas.
[–> [–>[–>«Súbditos foráneos»
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La propuesta era concreta y restrictiva para los estándares de la época. Los denominados en la documentación oficial como «súbditos foráneos» no podrían adquirir más de dos chalets, bungalows o apartamentos unifamiliares. En el caso de terrenos, la superficie máxima permitida se fijaba en 2.000 metros cuadrados, tanto para personas físicas como jurídicas. El texto incluía una excepción relevante: se podrían autorizar superficies superiores si se trataba de promociones turísticas consideradas de interés.
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El objetivo declarado del Gobierno era evitar una excesiva concentración de suelo en manos extranjeras y preservar un territorio limitado, especialmente vulnerable por su condición insular. Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas y críticas. La prensa económica se preguntaba si la medida no acabaría suponiendo un freno a la entrada de divisas en un país que todavía necesitaba atraer capital exterior para consolidar su desarrollo.
[–>[–>[–>Reacción del sector inmobiliario
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La reacción del sector inmobiliario en Mallorca fue rápida y mayoritariamente contraria. Agentes y directores de agencias inmobiliarias de Palma expresaron públicamente su rechazo, alertando de que la iniciativa perjudicaría especialmente a los inversores «económicamente fuertes». «Bastantes restricciones tienen ya los extranjeros como para que les pongamos más trabas para comprar», sostenía uno de los profesionales entrevistados entonces.
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Otros iban más allá y advertían de un posible efecto perverso: «El extranjero rico de verdad no invertirá y dejaremos estos metros para el turismo mediano. Me parece una discriminación». El argumento se repetía con insistencia: limitar la compra de suelo y vivienda supondría frenar inversiones, paralizar proyectos urbanísticos y, con ello, destruir puestos de trabajo. «La inversión extranjera es económicamente importante porque crea puestos de trabajo, además del dinero que todo ello supone para el país. Con esta norma, las urbanizaciones quedarían muy limitadas», afirmaban.
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[–>Contexto europeo
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El contexto europeo también pesaba en el debate. España aspiraba a integrarse en el Mercado Común Europeo y desde el sector inmobiliario se consideraba incoherente introducir restricciones a la propiedad en un momento en el que se defendía la liberalización económica. «Si España quiere entrar en el Mercado Común, tanto da que unos terrenos sean de un mallorquín como de un inglés o un francés. Esta norma me parece más demagógica que real. Si somos partidarios de la economía libre de mercados, debemos serlo con todas las consecuencias, sin limitaciones», señalaba otro de los entrevistados.
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Las entrevistas realizadas entonces a responsables de agencias inmobiliarias de Palma reflejaban una oposición casi unánime. Todos los consultados, salvo pequeñas excepciones, se mostraban contrarios a la limitación. «Es una equivocación grave limitar la inversión. Así se paralizan los puestos de trabajo. Al final se limitará la inversión del extranjero medio y no la del verdaderamente pudiente», resumía uno de ellos. Solo una voz defendía la medida, calificándola de «positiva» por permitir «proteger a los nativos», un argumento que hoy vuelve a escucharse con fuerza en el debate social balear.
[–>[–>[–>Intereses opuestos
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Ese choque entre intereses económicos y defensa del territorio no se limitaba, sin embargo, a los despachos ministeriales ni al sector inmobiliario. En aquellos mismos años finales de la década de los setenta, Baleares vivió algunos de los episodios de movilización social más significativos de su historia reciente frente a proyectos urbanísticos vinculados al capital fuerte y al turismo de élite.
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Uno de los casos más emblemáticos fue el de sa Dragonera, donde colectivos ciudadanos y movimientos alternativos llegaron a ocupar el islote para impedir su transformación en una urbanización de lujo. Aquella protesta, que en su momento fue vista como marginal o radical, acabó marcando un punto de inflexión y abrió el camino a la protección pública de un espacio natural que hoy forma parte del patrimonio colectivo. El episodio ilustra que ya entonces existía en Baleares una conciencia creciente sobre los límites del crecimiento inmobiliario y sobre la necesidad de intervenir para evitar que el acceso al territorio quedara reservado a unos pocos.
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Casi medio siglo después, las líneas maestras del debate apenas han cambiado. Hoy, como en 1979, Baleares se enfrenta a una presión inmobiliaria creciente, a un encarecimiento sostenido de la vivienda y a una percepción social de pérdida de acceso a la propiedad por parte de los residentes. Y, de nuevo, se plantea la limitación de compra a no residentes como posible herramienta, con defensores que apelan a la protección del territorio y detractores que alertan de su impacto económico.
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Las palabras de aquellos agentes inmobiliarios de finales de los setenta podrían firmarse hoy sin apenas retoques. «Con buenas inversiones se crean puestos de trabajo y entradas fijas para la nación. Las inmobiliarias lo notaremos mucho si esto llega a ponerse en práctica. En otros países los extranjeros pueden comprar sin limitación. Si por una parte quieren que venga a la isla gente de categoría, por otra se limitan con estas medidas las necesidades que harían un bien a la isla», concluía uno de ellos.
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La historia no se repite exactamente, pero rima. El intento de 1979 demuestra que la tensión entre la protección del territorio, el acceso a la vivienda y la apertura económica ha acompañado a las islas durante décadas. Recordar aquel precedente no solo aporta perspectiva histórica al debate actual, sino que obliga a preguntarse por qué, medio siglo después, la sociedad balear sigue buscando respuestas a los mismos dilemas estructurales.
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