Sumar pide al Congreso revisar la norma que fija coeficientes reductores para trabajos peligrosos y propone oficializar el silencio administrativo positivo en las solicitudes de prejubilaciones que no tengan resolución expresa.

Lo ha hecho a través de una proposición no legal en el Congreso con la que propone revisar varios artículos contenidos en el real decreto de 2025 que regula las jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores en la Seguridad Social para algunos trabajos peligrosos.

La norma, auspiciada por la Secretaría de Seguridad Social de Elma Saiz, estableció el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas mediante coeficientes reductores. Sin embargo, el grupo liderado por Yolanda Díaz entiende que este real decreto de mayo del año pasado plantea algunas dudas, ya que la legislación actual establece que los grupos que ya tienen coeficientes reductores no pueden revisarlos para aumentarlos hasta diez años después de la entrada en vigor de la norma, es decir, hasta 2035.

En la práctica, esto significa que las profesiones que tienen reconocido un coeficiente inferior a la peligrosidad de su profesión, como los buceadores profesionales, no podrán mejorar su situación hasta 2035, algo que el colectivo «no es razonable».

Por otro lado, los plurinacionales señalan que la falta de revisión de algunos coeficientes podría generar la «inconsistencia de que un nuevo grupo obtenga un coeficiente mayor que un grupo previamente reconocido». Sumar afirma también que el artículo 22.2 del real decreto establece el silencio administrativo como desestimación en la respuesta a un colectivo que exige un coeficiente reductor.

Por ello, considera que se deben modificar los artículos 9, 21 y 22, que se establezca la posibilidad de revisar un coeficiente reductor y que se establezca el silencio administrativo positivo sin resolución expresa.