Guerra interna en el Gobierno por políticas de vivienda. Sobre cómo resolver un problema monumental que está a punto de estallar porque más allá del drama general, Este año caducan en España más de 630.000 contratos de alquiler. Casas en las que viven casi 1.600.000 personas y están expuestas a que les aumenten el alquiler desproporcionadamente. En algunos casos hasta el doble.

Para ellos, Sumar lleva meses pidiendo el congelamiento: una prórroga automática del contrato de alquiler por tres años para que durante ese tiempo no puedan subir el precio. Pero Sánchez ha optado este lunes por una medida diferente. El presidente del Gobierno ha anunciado que los propietarios que no suban el precio al renovar estos contratos de alquiler El 100% de los ingresos que generen podrán deducirse del IRPF.. A los socios de gobierno no les gustó nada este guiño a los terratenientes y ya han anunciado que no lo van a apoyar.

Sánchez intenta disuadir a los propietarios de subir los alquileres mediante incentivos fiscales. «Les vamos a dar un crédito fiscal completo, es decir, el 100% del IRPF», ha afirmado este lunes. Es decir, los propietarios no pagan IRPF por los rendimientos derivados del alquiler, si deciden congelar el precio. Una medida que no ha gustado nada a Sumar y que, dice, no apoyará.

«No creemos que la forma de intervenir en el mercado inmobiliario sea mediante premios, donaciones fiscales a los propietarios y creemos que lo que hay que hacer es decretar una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año», declaró el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El presidente del Gobierno también ha propuesto, limitar el alquiler cada vez más frecuente de habitaciones y aplicar mecanismos de control de alquileres en zonas tensionadas. «El alquiler total del conjunto de habitaciones no podrá superar el contrato de alquiler de toda la vivienda», afirmó Sánchez.

La última medida anunciada busca regular alquileres de temporada para combatir fraude. «Para lograrlo, vamos a poner condiciones estrictas y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan las normas estatales», añadió. El presidente ha hecho estas tres propuestas desde la construcción de la Operación Campamento, mediante la cual se construirán más de 10,700 viviendas públicas.

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