No es la primera vez que los tribunales belgas aprueban bloquear el pago de Derechos de vuelo que Eurocontrol paga periódicamente a Enaire por las tasas que la compañía estatal española factura a las compañías aéreas por los servicios de navegación en ruta y aproximación a los aeropuertos que les presta, pero que son recaudadas por la agencia europea. El pasado mes de julio, un tribunal de primera instancia ya se embargó de 197 millones de euros de estos honorarios a petición de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, también con el objetivo de cobrar la indemnización que se le adeuda.

En esta ocasión, la Justicia belga ha autorizado el embargo de esos 482 millones también como garantía de la indemnización que Opera Fund reclama a España, tras considerar que es una forma adecuada y legítima de obtener el cobro de esa indemnización que el Estado español se niega a asumir.

Las fuentes consultadas revelan que los representantes legales del fondo maltés Han decidido recurrir a la vía del embargocansados ​​de esperar el cumplimiento del laudo dictado por el CIADI, y que interpusieron demandas ante tribunales de diversas jurisdicciones con la esperanza de que se ordenara el embargo de bienes y activos del Estado español hasta hacer efectiva esa compensación. En este caso, la Justicia belga ha intervenido al ser Eurocontrol una agencia que opera dentro de su jurisdicción.

Desde hace unos meses, los fondos acreedores de España han optado por recurrir al embargo de activos para hacer cumplir las adjudicaciones pendientes, que según los últimos datos oficiales disponibles ascienden a 1.754,7 millones de euros y afectan a 27 empresas que en su día invirtieron en el sector renovable español atraídas por las primas garantizadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno evita el pago basándose en un criterio establecido no hace mucho por la Comisión Europea, que entiende que Los conflictos entre empresas europeas deben resolverse según la legislación europea y no a través de arbitrajes comerciales internacionales. Se da la circunstancia de que la mayoría de empresas y fondos que invirtieron en renovables en España lo hicieron desde establecimientos radicados en Europa, aunque se tratara de empresas con capital procedente de fuera de la Unión Europea.

El choque de legitimidades, ya que España fue signataria de la Carta de la Energía y por tanto está sometida a la jurisdicción de los tribunales arbitrales, está provocando que tribunales de Estados Unidos, Australia o Reino Unido reconozcan el derecho de los afectados a cobrar e inflar una factura que, según el último cálculo realizado por la IGAE, podría causar daños a las arcas del Estado de más de 2.000 millones de euros.