España se enfrenta a un nuevo embargo derivado del impago de las indemnizaciones correspondientes a los afectados por la retirada retroactiva de las primas de las energías renovables. La justificación belga ha llevado a cabo un decomiso por valor de 482 millones de euros autorizado como mecanismo de compensación para garantizar el reembolso de los acreedores. Esta intervención se enmarca en los procedimientos iniciados en relación con el caso OperaFund, en virtud del cual se reclama la ejecución de un laudo arbitral dictado a favor de la empresa, según fuentes conocedoras del caso.

En 2019, OperaFund obtuvo una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial del que España es miembro. El laudo se dictó de conformidad con el Tratado sobre la Carta de la Energía, del que España era Estado firmante en el momento en que realizó los recortes retroactivos que dieron lugar a las reclamaciones.

Ante la decisión del Gobierno español de no pagar las indemnizaciones, OperaFund tomó las medidas necesarias para asegurar el pago por otros medios, recurriendo a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado. La cantidad adeuda en este caso asciende a 29,3 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 7,5 millones en concepto de intereses de demora.

El equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales belgas solicitando la intervención de los pagos que el organismo europeo de navegación aérea, Eurocontrol, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.

El tribunal dio luz verde a esta solicitud al considerar que el embargo constituye un medio legítimo para garantizar una indemnización a los afectados por el impago.

Como consecuencia de esta decisión de la justicia belga, las citadas fuentes aseguran que se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de ser transferidos a Enaire, ahora están inmovilizados, a la espera de un posible recurso y con vistas a ser transferidos a los acreedores para compensar las deudas existentes.

El procedimiento iniciado por OperaFund contra España no es el primero de este tipo. En julio de 2025, la empresa japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, inició otro similar que también se resolvió a su favor, resultando en un embargo de más de 207 millones de euros. En este proceso, la deuda existente asciende a 106,2 millones de euros de indemnizaciones pendientes de pago, cifra a la que hay que sumar otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.

Con la decisión en el caso OperaFund, la deuda generada por estos impagos sigue aumentando, con el consiguiente coste para el erario público español. Una deuda que estas fuentes atribuyen exclusivamente a la decisión del actual Gobierno español de no proceder al pago de las indemnizaciones.

Estados Unidos y Australia

A diciembre de 2025, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes asciende a 1.754,7 millones de euros, cifra a la que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes derivados de la estrategia de impago seguida por el Estado español. En total, la deuda asciende ya a 2.292 millones de euros. Durante el segundo semestre de 2025, los tribunales estadounidenses reconocieron y registraron laudos en siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. En total, la justicia estadounidense ha validado una deuda ejecutable de 691,2 millones de euros, lo que permite a los acreedores activar los mecanismos de ejecución legal disponibles en ese país. Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras los inversores han iniciado un procedimiento formal de seguimiento de activos (discovery order) para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.

Al mismo tiempo, la ofensiva judicial también avanza en Australia. En 2025, el Tribunal Federal dictó una sentencia histórica ordenando la ejecución de cuatro laudos -los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra- por un importe conjunto de 469 millones de euros. La resolución rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y apoyó plenamente las reclamaciones de los demandantes. El tribunal no sólo admitió la ejecución de los laudos, sino que impuso costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue rechazada por el juez.

Las empresas afectadas han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno que ponga fin a este prolongado litigio y restablezca un clima básico de seguridad y certidumbre jurídica para la inversión internacional.