El vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas arraigados de la política española. Se habla mucho, se prometen cifras ambiciosas, pero los resultados no llegan. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo.

Pedro Sánchez toma Más de siete años en Moncloa y una de sus promesas estrella sigue sin cumplirse. En plena campaña 2023, aseguró que el Gobierno quería construir 183.000 viviendas públicaspero hoy ese objetivo aún está lejos de convertirse en realidad.

Pero no es sólo una cuestión del Ejecutivo central. Él Partido Popularquien gobierna en 11 comunidades autónomas y más de 3.300 ayuntamientostampoco ha podido solucionar el problema, a pesar de haber competencias clave en vivienda y suelo. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso prometió en 2023 que «Esta iba a ser la legislatura de vivienda»una legislatura que avanza sin que el acceso a un piso sea hoy más fácil.

El resultado es un intercambio permanente de reproches. El PP apunta directamente al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo duda incluso de la implicación del presidente: «¿Alguien cree realmente que el presidente del Gobierno hoy está preocupado por la vivienda?». Desde el Ejecutivo la respuesta es clara: la responsabilidad también es de las comunidades del PP. La ministra Elma Saiz recuerda que «Tienen mucho que decir las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son el gobierno y tienen competencias claras en materia de vivienda».

Mientras el uno al otro señala, Las soluciones avanzan a un ritmo frustrantemente lento.. Un ejemplo claro es el Campamento de operaciónen el suroeste de Madrid. Este lunes un proyecto que prevé 10.000 nuevas viviendaspero que se necesita dos décadas varados. Ya en 2006, José Luis Rodríguez Zapatero. prometió desbloquearlo: «Esta vez un proyecto social sí empieza con los hechos y con las palas de derribo». 20 años después, las palas regresan… otra vez.

Tampoco hay acuerdo sobre la modelo a seguir. Feijóo apuesta por fomentar la compracon reducciones fiscales tanto para la vivienda nueva como para la de segunda mano. El Gobierno, por su parte, defiende limitar el precio del alquiler y presiona a las comunidades del PP para que apliquen la ley estatal. Pedro Sánchez lo dijo así: «¿Por qué no aplican control de precios en las comunidades autónomas donde gobiernan?».

Un modelo que el Ejecutivo considera clave y que, sin embargo, Las comunidades del PP rechazan. El resultado es un bloqueo político que se repite legislatura tras legislatura.

Muchas promesas, muchos anuncios y pocas casas reales. Y lo más claro de todo: no hay soluciones a corto plazo para un problema que ya afecta a millones de personas.

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