Pero la medida ha fracturado al propio Ejecutivo. Sumar, socio de la coalición, lo ha rechazado por considerarlo una «concesión a los rentistas» y ha solicitado directamente una prórroga automática -y no voluntaria- de los contratos. Es decir, más control, más imposición y menos mercado. El enfrentamiento revela no sólo una diferencia de enfoque, sino la fragilidad de un Gobierno que legisla sin dirección, sin consenso interno y sin una visión clara de largo plazo, donde a una intervención le sigue otra para curar los malos efectos de la anterior.

Lo preocupante no es sólo la falta de coherencia, sino la persistencia de errores ya cometidos. El Ejecutivo de coalición ha sido el principal responsable de la devastación del mercado del alquiler. Forzó la congelación de precios creyendo que protegía al inquilino, sin entender que el resultado sería una caída abrupta de la oferta. Las llamadas ‘zonas tensionadas’ han ralentizado los precios, pero han aniquilado la oferta. Las únicas medidas que podrían haber recuperado parte de la confianza perdida, que eran las medidas contra la okupación -que exigían incluso sus socios de Junts- y la derogación de la ley antidesahucios, quedaron en letra muerta.

El resultado es un círculo vicioso: menos apartamentos ofertados, más presión sobre los precios y nuevos intentos de control que no hacen más que agravar el problema. En lugar de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, el Gobierno responde con improvisación y gestos electorales. El dinero de los contribuyentes no puede utilizarse para corregir los errores que sus socios de coalición o aliados parlamentarios le han cometido y que le han hecho perder la confianza del mercado. Para el PSOE, esta aventura del sanchismo, que le ha llevado a destruir el legado de Miguel Boyer y su ley de 1985, es un error garrafal irreparable. Nunca más volverá a ser un rival fiable para el inversor inmobiliario mientras Sánchez esté allí.

La situación política también agrava el desorden. Sánchez ni siquiera ha enviado el proyecto de Presupuestos Generales al Congreso, porque no tiene el apoyo necesario, pero insiste en llevar el decreto de alquileres sin apoyo parlamentario, en un intento de desenmascarar al PP. La vivienda se convierte así en otro campo de batalla retórico, cuando debería ser una política de Estado. España necesita una verdadera estrategia inmobiliaria, no un nuevo titular cada semana. Pero mientras la prioridad sea la historia y no la realidad, el mercado seguirá en crisis. jmüller@abc.es