Un país de baja
Durante años hemos vivido como quien habita una casa heredada: sin saber quién la construyó, sin preguntarse cuánto cuesta mantenerla y con la vaga certeza de que siempre habrá alguien que pague las goteras. El Estado del bienestar ha sido esa casa. Y el absentismo, la humedad que sube por las paredes.
[–>[–>[–>España es uno de los países con más días de baja laboral por trabajador de toda la UE y, sobre todo, el que más ha acelerado en la última década. Tras la pandemia, el fenómeno se ha disparado.
[–> [–>[–>Las bajas por incapacidad temporal superan ya los millones de procesos al año, y su coste directo para la Seguridad Social ronda decenas de miles de millones de euros anuales, a lo que hay que añadir el coste empresarial y el impacto sobre la productividad.
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Pero el dato verdaderamente inquietante no es el volumen, sino la pendiente: el absentismo no se ha estabilizado, sigue creciendo en una economía que ya tiene baja productividad, alta temporalidad y un envejecimiento acelerado.
[–>[–>[–>En las últimas décadas se ha ido construyendo, además, un modelo de protección cada vez más amplio y menos exigente, lo que convierte cada desviación individual en un problema colectivo.
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Un Estado del bienestar sano, cubre la enfermedad, no la desgana; la incapacidad, no la indiferencia. Concebido para amortiguar los golpes de la vida, ha multiplicado los derechos pero se ha ido erosionando el principio que los hacía legítimos: la corresponsabilidad.
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[–>No hay debate social serio sobre el absentismo, no hay indignación, no hay alarma, no hay presión política. Hay una mezcla de comprensión automática, miedo a parecer insensible y una cultura que identifica cualquier control con represión.
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El resultado es una especie de pacto de silencio: el trabajador no quiere parecer sospechoso, el médico no quiere ser policía, la empresa no quiere conflicto, el Estado no quiere pagar el precio político.
[–>[–>[–>Ese silencio es la humedad que sube por las paredes: no hace ruido, no sale en los discursos, no provoca manifestaciones, pero va carcomiendo la estructura.
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El resultado es una paradoja: millones de horas de trabajo perdidas en un país que ya va justo de recursos.
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El absentismo masivo ha dejado de ser un problema laboral para pasar a ser un síntoma de degradación del contrato social. No es una desviación moral, es un fenómeno incentivado. Cuando la baja es fácil, el control débil, la reincorporación no tiene consecuencias y el sistema protege igual al que cumple que al que elude, faltar al trabajo deja de ser una infracción y pasa a ser una tentación comprensible.
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La pregunta no es si el abandono es alto o bajo, sino si el Estado del bienestar se ha convertido en una coartada colectiva para la retirada del esfuerzo. Cuando demasiados se ausentan y nadie parece alarmado, el problema no está en las oficinas: está en el corazón del contrato social.
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El contraste europeo es revelador. Mientras en Alemania el absentismo ha entrado en la agenda política como un problema de supervivencia económica y se percibe como un riesgo sistémico, en España se ha instalado una cultura de indulgencia que convierte la excepción en norma y el abuso en tabú. Allí se entiende como algo elemental: si demasiados dejan de producir y siguen cobrando, el sistema entero entra en riesgo. No es una cuestión de severidad, sino de sostenibilidad.
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Europa se enfrenta a una reordenación estratégica en la que la defensa, la energía, la industria y la seguridad han dejado de ser capítulos secundarios del presupuesto. Sostener ejércitos, tecnología y autonomía estratégica exige algo que hemos olvidado cómo pronunciar sin rubor: productividad.
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En la economía que viene, el recurso decisivo ya no es el suelo, ni el acero, ni siquiera la energía: es el tiempo de trabajo efectivo. Las horas realmente trabajadas son el petróleo del siglo XXI. De ellas dependen la productividad, la recaudación, la capacidad industrial y, en última instancia, la defensa. Cada jornada que no se trabaja pero se paga no es solo un coste social: es un barril que se tira al mar en plena escasez.
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Un país que tolera que una parte creciente de su fuerza laboral no trabaje mientras cobra está renunciando, sin decirlo, a su propia soberanía. Y a renglón seguido se pregunta por qué no puede financiar su defensa, su deuda o su futuro. No está siendo generoso: está siendo irresponsable. Es un Estado que mina su propia capacidad para defenderse, innovar y resistir.
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Cuando el bienestar se desmarca del esfuerzo, deja de ser un sistema de protección y se convierte en una bomba de relojería. Y cuando estalla, no distingue entre culpables e inocentes: se lleva a todos por delante.
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