Hubo unos días del pasado mes de junio en los que la relación entre el Gobierno de Donald Trump y el de Pedro Sánchez parecía a punto de saltar por los aires. El presidente español había desairado al estadounidense, y a buena parte de sus socios de la OTAN, al convertirse en el único de los 32 miembros que se negaba, en público y por escrito, a cumplir con el objetivo de un 5% del PIB en gasto de seguridad y defensa. Supondría un salto demasiado grande, y decenas de miles de millones de euros que España no se podía permitir y que, además, según los cálculos presentados por el Ministerio de Defensa, ni siquiera eran necesarios para cumplir con las capacidades militares exigidas por la Alianza Atlántica.