Cuestión de procedimiento
La fortaleza de una democracia reside en el respeto de ciudadanos y partidos a las reglas del juego escritas y no escritas, que deben promover la igualdad de oportunidades en la vida política. Cumplir escrupulosamente con las normas conlleva en ocasiones el alargamiento de los trámites, la demora de una decisión y, a fin de cuentas, una pérdida de eficacia en la resolución de los problemas. Los antagonistas de la democracia se refieren en tono displicente al tiempo invertido en debates, negociaciones y palabrería estéril, que no conduce a nada. Este es uno de los motivos de la creciente frustración de los habitantes de las democracias, que están aprovechando muy astutamente los populismos para medrar. La lealtad institucional, sin la cual las democracias no sobreviven, está sufriendo una desvalorización dramática. Qué decir, sin ir más lejos, de la actuación del presidente de la primera potencia, que no reconoce otro límite a sus actos que los que él se imponga, que dice estar dispuesto a adueñarse de Groenlandia por las buenas o por las malas y que ha tenido la desfachatez de recibir la medalla del Nobel de manos de Corina Machado, que en otro gesto impúdico se la ha regalado en señal de agradecimiento por lo que ella considera una ayuda a su país.
[–>[–>[–>En España también nos saltamos las reglas y nos apartamos del procedimiento acorde con los principios democráticos cada vez con mayor frecuencia. Se dirá que no podemos entretenernos ahora en discutir en torno a este tema de menor relevancia, cuando asuntos de la máxima gravedad exigen medidas urgentes, pero conviene reparar en el trastorno que se causa a la democracia y ser conscientes de que la situación presente evoluciona a peor. Sobre todo, si sigue siendo nuestra forma política preferida, como declaramos cuando nos encuestan.
[–> [–>[–>Lo dicho viene a cuento, puntualmente, de la iniciativa adoptada por el Gobierno para renovar el sistema de financiación autonómica. Al presentar su propuesta a la prensa, la ministra de Hacienda recordó que el PP había gobernado con mayoría absoluta durante casi siete años y no fue capaz de hacer la reforma. Tampoco lo ha sido su partido, que ha presidido el Ejecutivo otros siete años. Que las condiciones políticas en que gobierna la coalición de izquierdas sean más precarias no justifica la tardanza. Además, la secuencia de los hechos lleva a concluir que el propósito del Gobierno no es tanto reparar una anomalía que dura más de una década, sino atender una vieja demanda de los nacionalistas catalanes, que se proclaman independentistas, a cambio de su apoyo a la formación de gobiernos socialistas de España y de Cataluña.
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Y así llegamos al momento actual. El pacto firmado por el gobierno español con ERC para facilitar el gobierno catalán a Salvador Illa se ha traducido en la oferta hecha por la ministra de Hacienda a las Comunidades Autónomas, previamente acordada con los dirigentes republicanos, según se ha sabido, en varias reuniones celebradas antes de la visita de Junqueras a La Moncloa. María Jesús Montero se esforzó en convencer de los beneficios que traería su modelo a todas las Autonomías y, anticipándose a su rechazo seguro, preguntó por el PP. Resulta chocante que se interesara por la propuesta del primer partido de la oposición, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, y sin embargo no lo invitara a iniciar una negociación de la reforma, más aun necesitando votos del Congreso para su aprobación. Por otro lado, este modo de proceder del Gobierno, que solo promete garantías para la ordinalidad de Cataluña, no puede decirse que esté inspirado en el espíritu federal con que se define el PSOE.
[–>[–>[–>Sucedió, en consecuencia, que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno se encontró respaldo únicamente en Cataluña. La manera de conducir la negociación mereció un reproche general. La vicepresidenta del gobierno asturiano lo expresó con meridiana claridad al advertir que no aceptaba un «plato precocinado» en ausencia de Asturias. Los expertos opinan que la propuesta del Gobierno tiene aspectos positivos y otros negativos, y que en todo caso podría servir para abrir una negociación. Pero parece que al Gobierno no le importa quedarse solo con tal de conseguir el voto de los independentistas y es probable que haya hecho cálculos del precio que tendrá que pagar. Lo demás son maniobras electorales, con Andalucía a la vista, o juegos de manos para distraer. El procedimiento aplicado delata que el objetivo político del Gobierno, su continuidad, está por encima de la financiación autonómica. Se dice que Trump está haciendo saltar por los aires el orden mundial y aquí, a escala inferior, con la actuación del Gobierno supeditada al pacto de investidura de Pedro Sánchez, vemos que el estado autonómico se resquebraja. n
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