La central nuclear de Almaraz sigue pendiente de un paso que el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nacional no parecen tener prisa por dar. Elegir entre cerrarla en la fecha prevista, dentro de un año, o alargar su vida hasta 2030 no es un movimiento baladí que deba eternizarse ni tampoco es solo un dilema técnico. Se trata de una decisión política, a un año del fin oficial de la legislatura, con efectos directos sobre el sistema eléctrico, el empleo, la actividad económica, la demografía, los ingresos municipales, el territorio y hasta la credibilidad de la planificación energética. Lo que ocurra en la planta de Extremadura, que representa casi el 7% del consumo eléctrico del país, podría, además, sentar un precedente para otras centrales cuyo cierre también está ya programado.