El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en medio de una creciente polémica por la gestión gubernamental de las infraestructuras ferroviarias y la seguridad de la red.

Esta comparecencia se produce después de que el PP exigiera al ejecutivo de Pedro Sánchez «aclarar inmediatamente» la decisión de reducir la velocidad máxima del AVE Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora en una determinada sección. Una medida que, según los más populares, resulta «totalmente contradictoria» con el anuncio realizado hace apenas dos meses por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que se estaban impulsando actuaciones para alcanzar los 350 km/h en esta línea.

«A sólo unos meses de prometer una mejora sustancial del servicio, el Gobierno toma una decisión de tal magnitud que requiere explicaciones urgentes. Los ciudadanos deben recibir información clara y coherente», advirtió Juan Bravo a través de sus redes sociales, subrayando que la situación «no puede esperar».

Se intensifican las críticas al PP

Se han intensificado las críticas al PP tras las declaraciones del ministro Puente a la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), tras los últimos accidentes mortales registrados en la red ferroviaria. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de «miseria moral» las palabras de la ministra, que vinculó la convocatoria de huelga al estado emocional del colectivo tras la muerte de tres maquinistas.

«El colapso es total. La miseria moral también», dijo Muñoz en la red social

Semaf convocó una huelga en el sector ferroviario para exigir garantías de seguridad y fiabilidad de la red, tras los recientes accidentes, entre ellos el de Adamuz (Córdoba), con 42 muertos, y el de Gelida (Barcelona), con un fallecido. El sindicato anunció que exigirá responsabilidad penal a los responsables de la seguridad de las infraestructuras y advirtió que no se debe reabrir el servicio en Cataluña sin las garantías necesarias.

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