Las cuentas del sistema público de pensiones han dejado una radiografía con ingresos por cotizaciones sociales en récord, pero al mismo tiempo con un aumento del coste de las pensiones que requieren ayuda del Estado, según el avance provisional calculado por Fedea. En concreto, el conjunto de trabajadores y empresas pagaron 178.837 millones euros en 2025 a través de las cotizaciones sociales, que suponen aproximadamente un 30% adicional al salario bruto que perciben los ciudadanos. Supone un incremento del 7,5% respecto a los 167.000 millones recaudados por esta vía en 2024.

Este incremento de cotizaciones incluye las aportaciones realizadas por nuevos empleos, alcanzando casi 22 millones de afiliados. También reflejan las subidas salariales, tanto las negociadas en convenio (con una subida media superior al 3%) como las del salario mínimo interprofesional, que ascendió hasta los 1.184 euros. Y, sobre todo, las nuevas imposiciones legales que elevaron estas cuotas sociales en 2025, tanto para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pagan todos los trabajadores, como la cuota solidaria que pagan los que tienen salarios más altos. Medidas todas ellas incluidas en la última reforma del sistema.

Incluso esta situación de máximo empleo no consigue amortiguar, ni siquiera en cierta medida, la presión de los gastos de pensiones. Porque la Seguridad Social tuvo que pagar 191.353 millones en pensiones prestaciones contributivas (jubilación, básicamente), con un incremento del 7,2% interanual. Y otros 26.129 millones de euros en otras prestaciones, más ligadas a asistencias, con un crecimiento superior al 12%, según estimaciones de Fedea.

Con estas medidas se consolida la necesidad de que el Estado financie una parte de las pensiones. En concreto, tuvo que pagar el equivalente a cinco pagos mensuales de todo tipo de beneficios. Estas transferencias suponen un incremento de la deuda comprometida por la Seguridad Social, que ha ascendido a más de 130.000 millones de euros en el conjunto de la deuda pública, que roza ya los 1,7 billones de euros.

El informe de Fedea recuerda que Hasta 2011, los ingresos del sistema antes de transferencias estatales permitían cubrir sus gastos tributarios. A partir de 2012, sin embargo, ha sido necesario inyectar al sistema un volumen creciente de recursos provenientes de impuestos generales para complementar el financiamiento de las prestaciones contributivas. Esto ha requerido un fuerte aumento de las transferencias estatales, cuyo volumen se acerca actualmente a los 4 puntos del PIB (Producto Interior Bruto).

Uno de los talones de Aquiles que acechan al sistema está vinculado al aumento de las bajas laborales, que también se han disparado en los últimos años. En concreto, el coste que asume el sistema público por incapacidad temporal ha subido más de un 13%, según estimaciones de este análisis recogidas por el «tirón fuerte» que han experimentado este tipo de partidas, junto con la del Ingreso Mínimo Vital.