El Gobierno insiste en que la nueva sistema de financiación autónomo hará todas las comunidades ganan. Sin embargo, cuando se profundiza e introduce una variable clave (quién paga realmente el costo del sistema), la narrativa oficial se desmorona.

El mapa que se presenta a continuación, elaborado por el profesor. Santiago Calvo Para la Universidad de las Hespérides, no sólo tiene en cuenta los recursos adicionales que recibiría cada comunidad con el nuevo modelo, sino que va un paso más allá. Así, el saldo que aparece asignado a cada territorio incluye la diferencia entre esos recursos extra y la parte del coste total del sistema que debe asumir cada comunidad, ponderado en función de su capacidad fiscal. Es decir, el ejercicio realizado no se limita a mostrar cuánto se distribuye, sino también quién lo financia.

El resultado es inequívoco: el nuevo el modelo no es neutral. Cree claros ganadores y perdedores. Así, Madrid experimenta una caída de su financiación de 97 euros por habitante, casi en sentido contrario a los 92 euros per cápita que corresponden a Cataluña.

Además de Madrid, en territorio negativo se encuentran el País Vasco (-446 euros per cápita), Cantabria (-314), Castilla y León (-300), Galicia (-190), Asturias (-176) y Navarra (-136). En cambio, el saldo aumenta, además de en Cataluña, en territorios autónomos como Murcia (+203 euros por habitante)Comunidad Valenciana (+178), Andalucía (+92), Canarias (+50), Castilla-La Mancha (+46) y Baleares (+8).

entender los datos

El la metodología es esencial para entender por qué este gráfico resulta tan incómodo para el discurso del Gobierno. El cálculo formulado se basa en los recursos adicionales estimados por Fedea para el modelo 2023 —unos 14.658 millones derivados del cambio de sistema, más 658 millones asociados al status quo vigente—y, luego, distribuye el costo total en función de la capacidad tributaria de cada comunidad.

Esto significa que las regiones que concentran mayores ingresos -por renta, actividad económica y base imponible- asumen una mayor parte del coste del nuevo sistema. No porque reciban más, sino porque pagan más. El saldo final, expresado en euros por habitante ajustado, refleja por tanto una realidad incómoda: lo que una comunidad recibe como beneficiario se financia, directa o indirectamente, otra comunidad como contribuyente neto.

Ganadores claros y perdedores obvios

El mapa presentado muestra claramente qué territorios se ven fortalecidos. El Comunidad ValencianaMurcia y Andalucía aparecen con saldos positivos relevantes. Cataluña también se encuentra entre las regiones que ganan recursos netos, lo que encaja con su posición central en las negociaciones políticas del Gobierno.

En el extremo opuesto, el gráfico señala a los mayores perdedores del sistema. Madrid aparece como principal aportante netocon un saldo negativo muy marcado por habitante ajustado. Vale recordar que la región gobernada por Ayuso aporta alrededor del 22% de los ingresos tributarios totales y ya ha estado soportando una parte desproporcionada del coste del sistema.

Con los datos en la mano, la idea de que «todas las comunidades ganan» no se sostiene. Desde un punto de vista económico, el nuevo modelo no crear recursos sino que los redistribuye y, en su efecto agregado, promueve una transferencia de financiación disponibletrasladando recursos de unos territorios a otros y surgiendo un diferencial muy marcado entre Madrid y Cataluña.

En términos reales, muchos ciudadanos recibirán de una manera –a través de su comunidad autónoma– lo que ya han pagado de otra manera –como contribuyentes de la Administración central–, mientras que otros terminarán pagando significativamente más de lo que reciben. Este matiz, Esencial para evaluar el impacto del sistema.suele desaparecer del debate público. El gráfico de Santiago Calvo, en cambio, devuelve esta cuestión al centro del análisis.

Por supuesto, el sistema tiene consecuencias políticas de gran alcance. Estamos hablando de un nuevo modelo de financiación regional que, lejos de implicar una modificación técnica, tiene profundas implicaciones políticas y distributivas. El esfuerzo fiscal está cada vez más desligado de la responsabilidad fiscal y la brecha en el trato ofrecido a Madrid y Cataluña es creciente.