La Casa Blanca ha dado luz verde a un acuerdo de reestructuración que transferirá el control operativo de TikTok en Estados Unidos a un consorcio de inversores americanosvarios de ellos con vínculos empresariales y políticos con el entorno del presidente.

La decisión supone un giro decisivo en la larga batalla regulatoria en torno a la solicitud, acusada por Washington de representar un riesgo para la seguridad nacional debido a su empresa matriz china.

Según fuentes oficiales, el pacto establece que un grupo de empresas tecnológicas y fondos de inversión con sede en Estados Unidos asumirán la gestión de los datos, infraestructura y algoritmos utilizados por la plataforma en Estados Unidos.

El Gobierno defiende que el nuevo modelo garantiza la seguridad nacional mientras crecen las dudas sobre la influencia política en la gestión de la plataforma

Aunque la matriz, ByteDance, mantendrá una participación minoritaria, el Gobierno insiste en que el nuevo esquema garantiza una «control efectivo de EE.UU.”en operaciones sensibles.

La Casa Blanca sostiene que el acuerdo es necesario para “proteger la privacidad de los ciudadanos«e impedir que los datos de millones de usuarios sean accesibles por actores extranjeros. Sin embargo, la composición del consorcio ha generado debate: entre los inversores se encuentran empresarios que han apoyado públicamente al presidente y que han participado en proyectos tecnológicos impulsados ​​por su Administración.

Los críticos del acuerdo señalan que la operación podría interpretarse como una politización de la regulación tecnológicaponiendo una de las plataformas más influyentes del mundo en manos de figuras cercanas al poder. Los expertos en competencia también advierten que el movimiento podría sentar un precedente para futuras intervenciones gubernamentales en empresas de origen extranjero.

El Gobierno rechaza estas acusaciones y asegura que la prioridad es garantizar que TikTok opere bajo estándares de transparencia y supervisión equivalentes a los de otras grandes plataformas estadounidenses. Responsables involucrados en la negociación afirman que el acuerdo incluye auditorías periódicas, controles de seguridad reforzados y la obligación de mantener los datos de los usuarios en servidores ubicados dentro del país.

La decisión se produce después de meses de tensiones entre Washington y ByteDance, marcadas por amenazas de prohibición, demandas y presiones legislativas. La Administración considera que el pacto evita un escenario de ruptura total que habría afectado a millones de creadores, empresas y usuarios que dependen de la plataforma.

Mientras tanto, las organizaciones de derechos digitales piden claridad sobre el verdadero alcance del control estadounidense y advierten que la transferencia de poder a inversores privados no garantiza automáticamente una mayor protección de la privacidad.

El Congreso, por su parte, estudia si el acuerdo cumple con los requisitos de seguridad nacional y si será necesario aprobar legislación adicional para regular las plataformas de origen extranjero.