a la espera de los informes clave y un largo periplo judicial
se van a cumplir Nueve meses del gran apagón que dejó a España sin electricidad con incógnitas aún por aclarar y la judicialización del incidente. A la espera del informe final del organismo europeo y de las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Red Eléctrica de España y las grandes distribuidoras han ido preparando el terreno para una batalla judicial que se prevé larga.
Hasta la fecha se han publicado varios informes que analizan las causas del apagón del 28 de abril, con el que las partes ya se preparan para acudir a los tribunales.
El informe de la Comisión de Análisis creada por el Gobierno reparto de culpas entre el operador del sistema y las compañías eléctricas. El primero por no programar suficientes plantas síncronas y el segundo por no cumplir con el control de voltaje requerido para estabilizar el sistema.
El informe de REE se eximió de responsabilidad y puso el foco del apagón en las compañías eléctricas, mientras que el encargado por Aelec, la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, Compass Lexecon e INESC TEC, concluyó justo lo contrario.
En octubre, la Red Europea de Gestores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) publicó su informe fáctico sobre los acontecimientos que desencadenaron la energía cero, pero las conclusiones finales se harán públicas en el primer trimestre de este año.
Asimismo, aún no se conoce el informe en el que Competencia iba a detallar el apagón y sus causas. Cabe señalar que la organización que dirige Cani Fernández ha advertido que los culpables se enfrentan a multas de hasta 60 millones de euros por infracción muy grave y otras sanciones como inhabilitaciones temporales o pérdida de autorizaciones vinculadas al suministro.
Así, se espera que la CNMC ejecute procedimientos sancionadores una vez analizadas las causas. Ante este escenario, los actores mencionados hasta el momento ya vienen tomando medidas, tanto acusando públicamente al opositor e incluso iniciando procesos judiciales.
Tanto Iberdrola como Endesa han impugnado la creación del comité ante el Tribunal Supremo. crisis creada por el Gobierno argumentando que carecía de cobertura jurídica en su creación.
Esto se debe a que no fue creado por una orden del Consejo de Seguridad Nacional, sino por una orden firmada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha remitido el caso a la Audiencia Nacional al entender que no tiene competencias para juzgar este asunto. Casos complejos como este podrían tardar años en aclararse.
Por su parte, Ninguna de las grandes eléctricas ni Red Eléctrica han provisionado en sus cuentas un posible impacto económico derivados de reclamaciones por el apagón.
Las empresas energéticas ponen cifras sobre el impacto del apagón
En cuanto a las grandes energéticas, cada una ha calculado de forma diferente el impacto económico sufrido. Repsol explicó en sus resultados del primer semestre de 2025 que en sus cuentas pesaron tanto el apagón como otras interrupciones del suministro en diferentes días previos al cero eléctrico en sus centros de Cartagena y Puertollano.
Un impacto que la petrolera que dirige Josu Jon Imaz estimó entonces un total de 175 millones de euros por su negocio en los segmentos químico y de refinación. La empresa ya ha avisado de que reclamará judicialmente a los responsables «hasta el último euro».
Por su parte, las grandes eléctricas del país han dado sus propias cifras que, según su versión, se derivan del modo de funcionamiento reforzado de Red Eléctrica para evitar nuevas incidencias.
Iberdrola y Endesa calculan 360 millones de sobrecostes por el aumento de los precios de la energía. El operador del sistema aplica los denominados servicios de ajuste, con los que incorpora energías convencionales como las procedentes de ciclos combinados de gas para equilibrar la demanda y mantener la tensión.
Plantas que, por otra parte, pertenecen en su gran mayoría a las grandes empresas energéticas mencionadas y que Se les compensa económicamente por entrar en funcionamiento cuando se les solicita.
Sin embargo, Iberdrola y Endesa han estimado el impacto del apagón en su negocio de comercialización de electricidad por estos servicios de ajuste.
Endesa calculó un impacto negativo neto para su negocio de 120 millones hasta septiembre de 2025 y unos 150 millones para el conjunto del año. Los cálculos de la La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán calcula un sobrecoste de 180 millones hasta septiembre.
En cualquier caso, no se trata de un impacto derivado de un freno a su actividad, sino de no haber trasladado los sobrecostes a los clientes con contratos en el mercado libre, como la CNMC recordó a las eléctricas que no pudieron hacer tras el apagón.
Esta circunstancia no significa que los clientes de las comercializadoras no hayan estado pagando más. Por un lado, los usuarios de los mercados regulados han venido pagando más por el incremento de los precios del mercado mayorista derivado de la operativa en modo reforzado de REE.
Por otro lado, las propias compañías eléctricas Sí, han ido trasladando costes tanto a nuevos clientes como a usuarios que han renovado contratos..
Otra de las grandes energéticas, la gasista Naturgy, aseguró en un informe de mitad de año que «no ha sido identificada como el agente causante del suceso ni ha recibido ninguna comunicación de los organismos reguladores al respecto».
La empresa que preside Francisco Reynés explicó entonces que se encontraba «evaluando los gastos que se han ocasionado por dicha interrupción». reclamarlos cuando se conozca la causa de los mismos.
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