Un informe oficial publicado recientemente para el año fiscal 2024 revela que 3,498 terrenos y edificios ubicados cerca de bases militares, infraestructura crítica o islas remotas Fueron adquiridos por compradores no japoneses.

Casi la mitad de estas operaciones, el 47,5%, corresponden a Ciudadanos o entidades chinasuna proporción que ha vuelto a colocar el fenómeno en el centro del debate político y mediático del país.

Aunque el Ejecutivo insiste en que no se ha detectado ningún uso hostil De estas propiedades, el crecimiento sostenido de las adquisiciones ha generado preocupación por dos razones clave: su posible impacto en la seguridad nacional y su contribución al aumento de los precios de la vivienda en determinadas zonas urbanas.

Las autoridades destacan que estas operaciones sólo representan el 3,1% del total de transacciones inmobiliarias en las zonas monitoreadas, pero reconocen que la concentración de las compras extranjeras en puntos estratégicos requiere fortalecer los mecanismos de control.

Aunque el volumen total de operaciones en el extranjero sigue siendo limitado en términos porcentuales, su concentración en ciertas áreas amplifica su impacto social y alimenta un malestar que trasciende la cuestión del origen de los compradores.

El auge de estas adquisiciones responde en gran medida a factores económicos globales. La prolongada debilidad del yen ha hecho que los activos inmobiliarios japoneses sean más baratos para los inversores extranjeros, mientras que La crisis inmobiliaria en China.junto con las restricciones a las salidas de capital, ha impulsado la búsqueda de activos seguros en el extranjero.

En este contexto, Japón combina estabilidad institucional, seguridad jurídica y precios aún moderadoslo que lo convierte en un destino particularmente atractivo en comparación con otros mercados asiáticos más regulados o volátiles.

Este creciente flujo de inversión extranjera comienza, sin embargo, a tener efectos visibles en el territorio. En las zonas urbanas y periurbanas, la presión de compra coincide con una aumento sostenido de los precios de la vivienda y con una reducción en la oferta disponible para los residentes locales.

En zonas rurales o insulares, donde la despoblación ha sido históricamente un problema, la llegada de capital extranjero genera una paradoja: revitaliza el mercado, pero al mismo tiempo genera recelos sobre el control del suelo y el uso futuro de espacios considerados sensibles desde el punto de vista estratégico o medioambiental.

Lejos de limitarse a zonas rurales o islas remotas, muchas de estas zonas están hoy integradas en grandes centros urbanos. Distritos de Tokio, Osaka o Yokohama se encuentran entre los espacios vigilados por su proximidad a ministerios, bases de las Fuerzas de Autodefensa o centros logísticos clave.

Este debate ha obligado al Estado japonés a intervenir en un ámbito que durante décadas permaneció prácticamente desregulado.

Desde 2022, Japón aplica la Ley de Investigación de Tierras Importantes, una normativa diseñada para supervisar la compra de terrenos y edificios ubicados cerca de instalaciones militares, infraestructuras críticas o territorios considerados sensibles desde un punto de vista geoestratégico.

La ley exige la notificación de determinadas operaciones y faculta al Estado a investigar el uso posterior de los inmuebles, aunque sin prohibir en general inversión extranjera. Su aplicación se ha ido ampliando progresivamente, y en 2024 el número de zonas sujetas a vigilancia ascendió a 583 en todo el país.

Desde el sector inmobiliario, sin embargo, se insiste reducir la lectura geopolítica del fenómeno. «En la gran mayoría de los casos estamos hablando de inversiones de capital, no de compras con fines estratégicos», explica en conversación con este periódico un agente inmobiliario afincado en Tokio y especializado en clientes internacionales.

Según detalla, muchos compradores chinos buscan apartamentos urbanos o pequeños edificios en zonas bien comunicadas, con la idea de diversificar activos y proteger ahorros en un contexto de incertidumbre en su país de origen.

«Japón ofrece seguridad jurídica, estabilidad política y precios que, al tipo de cambio actual del yen, son muy competitivos. Eso es lo que pesa en la decisión», señala, destacando que las operaciones se concentran sobre todo en zonas ya urbanizadas.

El Gobierno japonés mantiene un discurso cauteloso pero vigilante. El Ministerio de Territorio, Infraestructuras y Transportes reconoce el aumento de las adquisiciones extranjeras en zonas sensibles, pero afirma que, hasta la fecha, no se ha detectado ningún uso de estos terrenos que suponga una amenaza directa para la seguridad nacional.

«Nuestro objetivo no es detener la inversión extranjera, sino garantizar que el uso de la tierra no dañe los intereses públicos», dijo recientemente un alto funcionario ejecutivo.

Sin embargo, el propio Gobierno admite que la tendencia requiere reforzar los mecanismos de seguimiento, en un país donde la compra de suelo por parte de extranjeros sigue estando mucho menos regulada que en otras economías avanzadas.

Japón se enfrenta así a un incómodo dilema: seguir apostando por la apertura irrestricta o redefinir el papel de la tierra en un país donde la seguridad, la vivienda y la soberanía económica empiezan a entrelazarse inevitablemente en un país que durante décadas evitó preguntarse quién debería controlar su tierra.