Los datos de CSIF indican que Tragsatec prevé consolidar su empleo este año para reducir la temporalidad, pero Paradores y Correos, por el contrario, aún no han publicado sus respectivas ofertas de empleo público. En el caso de la filial Tragsa, a lo largo de 2026 prevé convertir 2.154 puestos de trabajo en fijos, pero aún así, de los 14.416 empleados actuales que tiene, 6.560 seguirán siendo temporales, lo que afectará a la 45,51% de la plantilla.

La forma de reducir la eventualidad pública es la convocatoria de ofertas de empleo, de oposiciones, para convertir estas plantillas en permanentes, además de eliminar la tasa de reposición, advierte el sindicato. Recuerda que el acuerdo marco sobre condiciones laborales que se selló con el Gobierno a finales del año pasado elimina estos límites para que las distintas administraciones puedan ofertar puestos necesarios para la prestación de servicios. CSIF exige la convocatoria para todos los puestos cubiertos temporalmente; acelerar el procesos selectivos que se ejecutará en el plazo máximo de tres años que establece la ley, y responsabilidad disciplinaria, civil y penal «sanciones ejemplares» para los directivos que incumplan la norma.

Reducir el empleo temporal en el sector público es una solución difícil, teniendo en cuenta las necesidades de personal de sectores como el salud o educaciónel retraso en las oposiciones y las limitaciones a la contratación que impone la tasa de reposición. La central que dirige Miguel Borra explica a ABC que presentará una denuncia por la inestabilidad de la plantilla a la comisión de seguimiento de temporalidad, que se estableció tras el pacto alcanzado a finales de noviembre entre la Función Pública y los sindicatos para que «se adopten medidas concretas». Advierte que la sede no se quedará de brazos cruzados: «Nos reservamos el derecho de adoptar la medidas legales que consideremos oportuno.

Las promesas de Montero

En 2021, el Gobierno impulsó por vía expresa un plan de choque para reducir la temporalidad, entonces ya en el 30%, para situarla en el 8% a finales de 2024, y este compromiso se incluyó en el Plan de Recuperación acordado con Bruselas. «Vamos a poner fin a la temporalidad excesiva en el sector público», afirmó el Primer Vicepresidente y Ministro de FinanzasMaría Jesús Montero, justificando la implantación de la ley de estabilización laboral en que «no es aceptable que quien realiza trabajos estructurales en la Administración lo haga como trabajador temporal». El problema no se ha solucionado y la tarifa pública es el doble que la del sector privado.

Y el problema no ha hecho más que empeorar. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 ya prometió una cruzada contra el empleo cortoplacista. Éste era también el espíritu de la reforma laboral de 2022, un objetivo que, a través de la legislación, el sector privado ha tenido que cumplir mientras en el sector público miles de trabajadores llevan años sirviendo al Estado sin un puesto fijo y encadenando contratos temporales durante décadas, incluso durante toda su vida laboral.

Casi 1,4 millones de trabajadores del sector público tienen trabajos de duración determinada, 700.000 provisionales y otros casi 650.000 con contrato temporal, indefinido e indefinido no fijo. Llevan años luchando sin respuesta. A finales del año pasado la Abogado General de la UE presentó sus conclusiones sobre la situación laboral de los afectados, y aunque fue sólo un dictamen, no una sentencia, los jueces europeos lo tienen en cuenta y sus pronunciamientos suelen coincidir. El Abogado rechazó la conversión de funcionarios interinos en funcionarios pero exigió mayores compensaciones, apoyó que tengan que presentarse a exámenes para ser permanentes, pero también reclamó medidas para frenar los abusos en los contratos y estimó que la compensación de 33 días al año trabajado no compensa el daño causado.

Con esta afirmación respondió el abogado al Tribunal Supremo, que en marzo de 2024 planteó una cuestión previa al Tribunal Supremo. Tribunal de justicia de la UE sobre cómo hacer permanentes a los empleados públicos tras la sentencia del tribunal europeo en la que denunció que la legislación española no disuade adecuadamente a las administraciones del abuso de la inestabilidad y propuso, como solución, hacer permanentes a los afectados. Un mes antes, el 22 de febrero de 2024, una sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, en respuesta a una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideró que la normativa española en esta materia contravenía la normativa europea. La justicia europea todavía tiene la última palabra.