Este martes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes que ya viven en España. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que Personas en situación irregular podrán solicitar la regularización entre abril y el 30 de junio de este año. Un bimestre destinado, según afirmó, a «reconocer, dignificar y garantizar oportunidades y derechos» a quienes ya forman parte de la sociedad española, en lo que calificó de un hito «histórico».

La noticia, además de grupos defensores de los migrantes, ha sido celebrada por instituciones vinculadas a la Iglesia católica.. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han celebrado la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una declaración, Cáritas define la regularización como «un acto de justicia social y de reconocimiento a tantos inmigrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país incluso a costa de mantenerlos en situación irregular»..

Además, este texto destaca que «La regularización extraordinaria es un complemento imprescindible del Reglamento de Extranjería«, ya que «ofrece una respuesta a quienes no pueden aprovechar los medios ordinarios».

La Conferencia Episcopal y el resto de organizaciones eclesiásticas habían reclamado previamente que se incorporara una disposición transitoria que diera lugar a una regularización extraordinaria de los inmigrantes a la espera de una reforma profunda del Reglamento de Extranjería.

En ese sentido, la Iglesia define la modificación legal impulsada por Moncloa en 2025 como «un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantesSin embargo, denuncia que «deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan a diario» pese a que «han sido objeto reiterado de reivindicaciones» realizadas por la propia Iglesia.

Sin embargo, y pese a las críticas por no permitir que todos los migrantes se beneficien, la Iglesia asegura que «esta regularización extraordinaria ha sido exigida por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social». «Ha llegado el momento de dar un paso decisivo hacia una sociedad más justa e inclusivadonde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión», señala el comunicado conjunto emitido por todas las organizaciones eclesiásticas españolas.

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