Ángeles y su socio, José Luis, decidieron comprar una casa contenedor y plantarla en un terreno privado en el sur de Tenerifesegún cuenta, con autorización del dueño del lote. Llevaban más de dos años buscando un alojamiento para alquilar, pero aseguran que ninguna agencia inmobiliaria les ofreció una alternativa.

Tienen una hija enferma que sufre de esquizofrenia, trastorno bipolar y convulsiones. Tiene 19 años pero una mentalidad de 10 años y está en tratamiento psiquiátrico. Una condición que, según su madre, “imposibilita que nadie pueda alquilarnos una vivienda, porque mi hija se autolesiona y en ocasiones rompe muebles”.

Entonces decidieron pedir un préstamo bancario de 15.000 euros para comprar esta casa contenedor y paneles solares.

Multa de 150.000 a 600.000 euros

La sorpresa para la familia llegó cuando recibieron una notificación del ayuntamiento de Granadilla de Abona: «si no retiran esta casa modular portátil en el plazo de 20 días, podrían recibir una multa que oscila entre los 150.000 euros y los 600.000 euros».

Ángeles insiste en que no tiene recursos, que vive en una situación vulnerable. «Yo recibo una pensión de 500 euros y mi pareja otros 400. Pero tenemos muchos gastos, pagar préstamos, gastos de comida, las terapias de mi hija. Y necesito una máquina de oxígeno».

Afirma haber pedido plaza en un centro de día para su hija, pero sin éxito. “No me muevo de aquí. Estoy sorprendido con mi casa móvil y mis matrículas.«dijo Ángeles en respuesta a la notificación del ayuntamiento.

Durante las reuniones que mantuvo con los servicios sociales municipales le aseguraron que intentarían buscar una solución. Pero lo cierto es que la ayuda, dice Ángeles, no llega. Y así han estado esperando durante dos años. Por eso se niega a retirar su casa contenedor.

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