Ese es el punto de partida que han puesto sobre la mesa los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, al inicio de lo que serán las conversaciones para el Convenio de Negociación Colectiva (AENC), un texto general que marcará las condiciones de los trabajadores en el siguiente trienio, una vez expirado el anterior pacto vigente. El enfoque de ambas organizaciones pasa por «aprovechar»los márgenes que las empresas están obteniendo en los últimos años, con beneficios que consideran relevantes, para que esta realidad contable se refleje en la masa salarial.

En concreto, más allá del aumento del salario base, los sindicatos han propuesto una aumento adicional del 1% en convenios donde el salario medio es 10% por debajo del salario promedio nacional, un 2% adicional para aquellos que están 20% por debajo del salario medio nacional y un aumento del 3% para aquellos por debajo del 30%. En definitiva, estas ideas supondrían un aumento salarial anual de hasta 5%, 6% y 7%, respectivamente, si se suma la parte fija y adicional.

Las propias organizaciones estiman que todos estos aumentos afectarían a 11 millones de trabajadoreslo que representa el 64% de los asalariados españoles, «aquellos cuyos ingresos medios mensuales están por debajo del salario medio en España», indicó Sordo en la rueda de prensa de presentación de la propuesta junto a Álvarez. Este salario medio se sitúa actualmente en torno a 28.500 euros brutos al año, según los últimos cálculos del INE.

En el documento, los sindicatos también proponen recuperar una vez más la cláusula de garantía salarial en el caso de que haya desviaciones en cuanto a la evolución de la inflación en los próximos años. Así, proponen que si el IPC interanual de diciembre que finaliza cada año es superior al incremento acordado para ese año, se aplicará un incremento adicional del 1,5%, con efectos a partir del 1 de enero del año siguiente.

Estos cálculos chocan con las quejas de que el patronal viene mostrando en los últimos años por los aumentos de cotizaciones, una variable en la que influyen los empresarios aunque muchas veces ni el Gobierno ni los sindicatos -indican los empresarios- son tenidos en cuenta. Por poner un ejemplo, la subida prevista del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1.221 euros brutos al mes Supone un desembolso de más de 1.900 euros para la empresa en concepto de cotizaciones sociales y compensaciones a los empleados.

Lo que también quieren incorporar Unai Sordo y Pepe Álvarez a la negociación colectiva es la cuestión de la jornada laboral después de que el proyecto de ley para reducirlo a 37,5 horas fracasara en el Congreso a principios de diciembre al no encontrar el Gobierno la mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Tras un turbulento proceso con el que se puso en marcha el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vetado, los sindicatos propondrán ahora a la CEOE la reducción de la jornada de trabajo del 40 horas legales hoy, rebajarlas temporalmente a 32 horas semanales, así como la redistribución de la jornada para eliminar las horas extraordinarias.

Además, la propuesta inicial de las centrales sindicales también quiere incluir una nueva variable en la negociación de las condiciones de los trabajadores en relación a Crisis inmobiliaria que vive España de modo que los acuerdos reflejen la situación del precio de los pisos y casas, especialmente en las zonas tensionadas, y, por tanto, que los salarios deben tener en cuenta el coste de la vida en términos de vivienda en estas zonas.

Sobre las medidas por absentismo que exigen los empresarios, CC.OO. y UGT han señalado que la propuesta de las organizaciones sindicales aborda la baja por enfermedad, pero desde una perspectiva distinta a la que da la CEOE, que lleva una narrativa de que en España hay un abuso de las bajas médicas.