Se trata de las obras en el tramo entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas del país y clave para la conexión entre la capital y la costa.

La decisión judicial se produce después de que los principales competidores impugnaran la licitación. Esto ha estado marcado por cambios técnicos, recursos y fuertes críticas al hecho de que el suministro de Acciona, inicialmente la más cara, será la ganadora.

En los resultados preliminares, Acciona quedó en tercer lugar, detrás de los consorcios Expresso Roma (Álya y OECI) y Nova Roma (Construbase, FM Rodrigues y Uranpres).

El primero presentó la propuesta más barata, de unos 289 millones de euros, mientras que Nova Roma ofreció 305 millones. Acciona, por su parte, presentó una oferta unos 50 millones de euros superior a la de sus competidores.

La empresa española reivindicó los resultados de la clasificación inicial, solicitando una revisión de la propuesta del consorcio mejor posicionado y de las puntuaciones técnicas otorgadas a su propio proyecto.

Después del análisis, el ayuntamiento de São Paulo determinó que la propuesta Álya y OECI no cumplieron con las especificacionesya que omitió la construcción de algunos viaductos y el macrodrenaje requerido, elementos esenciales del proyecto.

Esta omisión habría permitido reducir artificialmente el presupuesto, motivo por el cual Expresso Roma fue excluido de la licitación.

El ayuntamiento también revisó las puntuaciones técnicas y Acciona logró superar a la Nova Roma en la combinación de criterios técnicos y económicos, a pesar de mantener un precio más elevado.

Después del premio, Álya y OECI fueron a una tribunal de primera instanciaalegando que su desclasificación fue “injustificada” e “ilegal”, ya que había obtenido la mejor calificación técnico-económica.

Sin embargo, el tribunal rechazó sus argumentos por no encontrar indicios de ilegalidad.

El consorcio recurrió entonces a un tribunal de segunda instancia, que ha decidido suspender provisionalmente la ejecución del contrato hasta que se analice en profundidad el caso, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones.

El tribunal señaló que el elevado coste del proyecto tiene un importante impacto en el fisco y que continuar con su ejecución antes de esclarecer las contradicciones planteadas podría consolidar situaciones difíciles de revertir.