Este martes, el Congreso rechazó el real decreto ley ‘ómnibus’ aprobado por el Gobierno en diciembre del año pasado, que incluye una batería de medidas que estaban vigentes pero que ahora disminuirá.

Entre las consecuencias de esta decisión está la de fin al escudo antidesalojos. Pueden verse afectadas más de 70.000 familias que actualmente pueden beneficiarse de esta ley por ser consideradas grupos vulnerables.

«Los procedimientos que hoy se pueden detener por vulnerabilidad y falta de alternativas«En principio seguirían su curso y los juzgados podrán ejecutar los desahucios», explica Leandro Escobar, catedrático de Métodos Cuantitativos de Comillas-Icade y experto inmobiliario.

La traducción es que a partir de ahora podría comenzar una ola de desalojos para las familias que no pueden hacer frente a los pagos. debido a los bajos ingresos y no tienen otro lugar donde vivir. Además, algunos de ellos se encargan de personas con dependencia.

Dependiendo de la ideología, algunos los consideran personas vulnerables mientras que otros los llaman okupas. Patxi López (PSOE) habla de la imposibilidad de desalojar a personas y familias vulnerables, mientras que Ester Muñoz (PP) señala que lo que el Gobierno pretende es que «sigan las okupaciones ilegales».

Mientras este debate se desarrolla en el Congreso, los sindicatos en las puertas Piden que los partidos tengan mayor visión. «Están intentando darle al Gobierno una patada en el culo a las personas vulnerables», critica Paco Morote, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), recordando que el derecho a la vivienda está incluido en nuestra Constitución.

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