MADRID, 28 de enero (EUROPA PRESS)-

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington gestionará, a través del dinero de la venta del petróleo venezolano, cómo se financiarán algunos de los servicios clave que el Gobierno de Venezuela no puede prestar, como la Policía o la recogida de basura.

«Parte de lo recaudado se utilizará para financiar una auditoría que garantice que el dinero se gaste de esa manera», dijo Rubio en su primera audiencia pública ante el Congreso tras la operación militar en Caracas que se saldó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

«Este es un mecanismo de corto plazo en el que se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado donde cada mes presentarán un presupuesto de lo que se necesita financiar», explicó Rubio, quien agradeció la «cooperación» de las autoridades venezolanas.

Rubio ha dejado de lado sus anteriores amenazas sobre una posible nueva intervención militar si Caracas no accedía a las exigencias de Washington y ha destacado que gracias a las conversaciones «honestas, respetuosas, pero muy directas» con el actual Gobierno se han evitado daños mayores.

Por otro lado, también ha anunciado que «muy pronto» se restablecerá la presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela, pues varias fuentes de Washington ya han revelado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ya está trabajando sobre el terreno para establecer los primeros contactos.

La encargada de representar los intereses de Washington sobre el terreno será Laura Dogu, exembajadora en Honduras y Nicaragua, a quien la Administración Trump ha nombrado ahora jefa de su misión diplomática en Venezuela, cargo que ejercerá desde Bogotá antes de instalarse definitivamente en Caracas.

«Creemos que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que nos permitirá tener información en tiempo real e interactuar», afirmó Rubio, quien explicó que ya existe un equipo enviado por Washington para evaluar el estado de las instalaciones, que permanecen cerradas desde 2019, año en el que se suspendieron las relaciones diplomáticas.