La modificación del texto comercial, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (el BOE de los Veintisiete), es fruto de un controvertido entendimiento alcanzado por Bruselas y Rabat para intentar superar el obstáculo que suponía la sentencia del TJUE, que eludió la competencia de Marruecos para firmar un acuerdo comercial que afectaría a las regiones ocupadas sin preguntar antes al pueblo saharaui. Esto puso en peligro las relaciones bilaterales, ya que la dinastía alauí siempre ha dejado muy claro que Nunca aceptará ningún acuerdo comercial que no reconozca su «integridad territorial».

Como ya explicó ABC, tras un año de negociaciones en el máximo secretismo, a finales de 2025 las partes anunciaron que habían llegado a un entendimiento, que este diario pudo avanzar gracias a un documento interno de la Comisión. Para que las exportaciones del Sahara puedan beneficiarse de las condiciones del Acuerdo Euromediterráneo -y entrar en la UE sin aranceles-, la Comisión ha recurrido a un birbirloque legal que consiste en comprometer ayuda económica a la región, con el pretexto de que esto beneficiará al pueblo saharaui. Con ello, el equipo de Von der Leyen pretende salvar la sentencia del TJUE, que en su momento estableció que se podía entender el consentimiento del pueblo saharaui al acuerdo si les aportaba algún beneficio. Por supuesto, el Frente Polisario cree que el nuevo pacto no satisface esta exigencia, entre otras cosas porque considera que esta ayuda económica alimentará la industria hortofrutícola de Rabat, en el desierto, en la que el propio Mohammed VI tiene intereses directos.

Cambian las normas para no decir ‘Hecho en Sahara’

El problema del etiquetado quedaba por resolver, ya que el gobierno del país vecino nunca habría aceptado la nomenclatura «Sáhara Occidental». Para superar esto, la Comisión propuso reformar un reglamento de la UE para que las importaciones de la región puedan identificarse como originarias de «Dakhla Oued Ed-Dahab» y «El Aaiún-Sakia El Hamra», que son los topónimos utilizados por Rabat para referirse a los territorios ocupados. En opinión de las organizaciones agrícolas europeas, esto representa una violación del Reglamento de la Organización Común de Mercados, que requiere indicar «el país de origen» -se lee en él- de las importaciones o, en el mejor de los casos, una interpretación forzada de la misma, porque hay que recordar que en esa ley hay un artículo que autoriza a la Comisión a cambiar las reglas de importación en determinados casos.

Esta cuestión importa mucho en España, no sólo por las relaciones históricas con la antigua colonia -muy diferentes desde que Sánchez respaldó los planes de la dinastía Alauí en 2022-, sino también por lo que supone esta disputa para la producción española de tomate. Como ya explicó este diario, en los últimos años las exportaciones marroquíes han hundido la producción en España, y el Sáhara es parte fundamental del problema, ya que Rabat pretende convertirlo en un ‘hub’ hortofrutícola.

El caso es que buena parte de los grupos del Parlamento Europeo -desde Podemos hasta Vox, pasando por el PP español- se opusieron a las maniobras de Bruselas. Tanto es así que en noviembre del año pasado los populares presentaron una objeción que habría echado por tierra los planes de la Comisión de camuflar el origen de los productos del Sáhara, que no salió adelante por un solo voto. Un total de 359 diputados apoyaron la medida (eran necesarios 360) y 188 lo hicieron en contra, entre ellos la mayoría de diputados del PSOE (el socialista González Casares apoyó la moción).

Esto puso a los agricultores españoles en pie de guerra. Desde Asaja acusan al PSOE de ser «el único partido nacional que votó en contra de la objeción» y alinearse «con los intereses de Marruecos». Para esta organización agraria, la legalización del «etiquetado trampa» es un motivo más para salir a la calle durante las concentraciones de tractores previstas para este jueves.