Este miércoles, el FBI ejecutó una orden de registro en un almacén electoral en un condado de Georgia, epicentro durante años de teorías conspirativas de la derecha estadounidense sobre las elecciones presidenciales de 2020. La intervención representa una Escalada significativa de la ofensiva política y judicial. impulsado por el entorno de Donald Trump para reescribir la historia de su derrota contra Joe Biden, una estrategia que muchos analistas han calificado de intento sistemático de deslegitimar el sistema electoral estadounidense.

La orden, firmada por un magistrado federal en Atlanta, autoriza la incautación de todas las papeletas físicas de las elecciones de 2020, así como de cintas de tabulación, imágenes de recuento y registros de votantes. Esta decisión llega pocos días después del regreso de Trump. Denunciar públicamente que las elecciones estuvieron “amañadas” y prometió represalias contra quienes, según dijo, participaron en el presunto fraude. “Pronto habrá quienes serán procesados ​​por lo que han hecho”, dijo la semana pasada durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, repitiendo una acusación rechazada por los tribunales estatales y federales, el Departamento de Justicia y las agencias electorales independientes.

El condado atacado ya era una preocupación nacional en enero de 2021, cuando Trump presionó por teléfono al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que “encontrar” los votos necesarios para revertir el resultado electoral. La grabación de esta llamada, publicada por Correo de Washingtonse convirtió en un símbolo de los intentos del entonces presidente de alterar el proceso democrático y luego fue incorporado en las investigaciones penales y legislativas sobre el ataque al sistema electoral.

El contexto político actual vuelve a ser decisivo. Con noviembre de 2026 en la mira, primero las primarias de mayo y luego las elecciones generales, Trump parece decidido a evitar que una elección de mitad de período debilite su poder político. Para sus críticos, la estrategia es clara: mantener viva la narrativa del fraude, erosionar la confianza pública en el sistema electoral y generar un clima de confrontación permanente que pueda justificar nuevas medidas de presión institucional.

La tregua en Minneapolis ha terminado. Y el espectro del “robo electoral”, desacreditado por más de sesenta sentencias judiciales desde 2020, vuelve a ocupar un primer plano en el discurso presidencial.

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