La Junta de Andalucía ha propuesto fijar una edad mínima de acceso a las redes sociales y endurecer las medidas contra el acoso, reforzar la protección de las víctimas y la eficacia de los protocolos educativos.

Así lo anunció la ministra de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la clausura del primer Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: “Andalucía contra el acoso”, organizado en Córdoba con la participación de casi un millar de profesionales de la educación, la justicia y los servicios sociales.

Entre las principales conclusiones, Andalucía propone abrir un debate jurídico para estudiar la calificación del acoso como delito y establecer como norma general el traslado del acosador del centro en los casos confirmados. María del Carmen Castillo destacó que estas medidas apuntan “proteger mejor a las víctimas y garantizar entornos escolares más seguros y saludables”. El asesor recordó que ciertos países, como Australiaya aplica límites de edad para el acceso a plataformas digitales y defiende la necesidad de “adaptar la legislación española a la realidad digital que viven los adolescentes”.

En el ámbito educativo, la Régie prevé reforzar las alertas del protocolo de acoso, para que Cualquier queja, ya sea de familias o profesores, se informa inmediatamente. a la inspección educativa. El objetivo es así «mejorar el seguimiento y asesoramiento de cada caso», incluso cuando el conflicto pueda resolverse dentro del propio centro con la colaboración de los padres.

La violencia digital puede costar vidas

Otra de las medidas anunciadas incluye acortar los períodos de intervención y desburocratizar los procedimientos, integrando más directamente la convivencia y el bienestar emocional en la evaluación educativa. Castillo aseguró que “los centros son espacios seguros y supervisados”, pero reconoció que los cambios tecnológicos requieren “revisar los protocolos para responder con mayor rapidez y precisión”.

María del Carmen Castillo enfatizó que “ha quedado claro que la tecnología, en sí misma, no es un problema, que los centros educativos son probablemente el entorno más seguro y monitoreado que existe y que los desafíos no se limitan sólo al sistema educativo, sino a la sociedad en su conjunto. Se debe seguir fortaleciendo la respuesta educativa, avanzando en enfoques preventivosreforzar la detección precoz y mejorar la coordinación entre los centros educativos, las familias y los servicios especializados.»

Durante el segundo día del Congreso, la asesora estuvo acompañada de sus pares de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles Lópezy Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nietosubrayando el carácter transversal del problema. López calificó el nombramiento como un “éxito necesario” y advirtió que “la violencia digital puede costar vidas”. Afirmó el papel de la educación y la familia como pilares para combatir un fenómeno que «ha mutado y también se ha impuesto en el entorno digital».

Sensibilizar al acosador

Por su parte, Nieto destacó la importancia de Abordar el ciberbullying desde la perspectiva del perpetrador y la víctimapromoviendo la comprensión del daño causado. Mostró una herramienta educativa creada por menores del CIMI El Molino de Almería, que simula un juicio virtual por acoso como forma de sensibilización. Pidió además una revisión de la legislación penal actual, porque «el acoso en Internet aún no está bien definido».

El Congreso concluyó con el compromiso de la Junta de Andalucía de impulsar los acuerdos alcanzados y seguir trabajando de forma coordinada con las familias, los centros educativos y los servicios especializados. “Este congreso es el primer paso”, dijo Castillo. «La lucha contra el acoso es una tarea colectiva que nos desafía a todos. »

Andalucía ha puesto en marcha el primer Observatorio Público de Justicia Juvenil de España y Europa, que dispone de información actualizada sobre la situación. Cambios en los perfiles y tipos de delitos. y adaptar así la labor de reeducación que llevan a cabo los profesionales del sistema de justicia juvenil andaluz, que es un referente por su elevada tasa de reintegración, en torno al 80%.

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