El anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que va a proponer al Parlamento (que en el contexto actual del país es sinónimo de «aprobar») una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 abre una nueva ventana en la transición política del país. La medida ha sido acogida con esperanza pero también con cautela por la oposición venezolana, escarmentada por anuncios similares, aunque no de tal magnitud, que han tardado en concretarse o que simplemente no han llegado a buen puerto.

Rodríguez eligió un momento especialmente simbólico para anunciar la medida: el acto oficial de inicio del año judicial celebrado en la Corte Suprema de Justicia. El próximo paso será que la llamada Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Convivencia y la Paz presenten lo antes posible una ley ante la Asamblea Nacional para especificar cómo se llevará a cabo la amnistía y a qué presos beneficiará.

En esencia, y según el cronograma fijado por el presidente, los presos que saldrán a las calles serán todos aquellos que Fueron encarcelados durante el régimen chavista por motivos políticos.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que deja la confrontación política, la violencia, el extremismo, que sirva para reconducir la justicia en nuestro país y que sirva para reconducir la convivencia entre los venezolanos”, dijo Rodríguez, quien precisó que esta ley dejará fuera a los procesados ​​o condenados por homicidios, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

El presidente acompañó el anuncio con otra novedad especialmente simbólica. En un gesto dirigido no tanto, o no sólo, a la oposición, sino también a la Casa Blanca, aseguró que El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, se convertirá en un centro social y deportivo. Como han denunciado reiteradamente la oposición y las organizaciones humanitarias, el edificio es un centro de tortura. Lo dijo también hace apenas unos días el presidente estadounidense, Donald Trump, quien utilizó ese mismo término “centro de tortura”. Dicho y hecho.

La ambiciosa amnistía general tendrá que pasar ahora por un proceso de implementación que durará mientras dure la paciencia de la Casa Blanca, que hará especiales esfuerzos para que no se reduzca a una simple medida cosmética que acabe exasperando a los familiares de los presos políticos. La excarcelación parcial de presos anunciada por Rodríguez al inicio de su «presidencia por orden» ya ha provocado quejas al respecto por parte de los opositores.

Tras conocer el proyecto, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es “producto de presiones reales” de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad. «Obviamente no es algo que el régimen quisiera hacer voluntariamente, «pero es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de Estados Unidos», afirmó en declaraciones recogidas por Efe.

Machado, premio Nobel de la Paz 2025, afirmó que en Venezuela «el aparato represivo del régimen es brutal» y «ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen». La oposición agregó que en su país «hay presos políticos que llevan 23 años en prisión», como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros que están «desaparecidos».

Varios diputados de la oposición celebraron el anuncio de la ley de amnistía, y esperaron que suponga en la práctica el fin definitivo de la «represión» y la «persecución» en el país. Entre ellos, el diputado Henrique Capriles, quien dijo en X que la amnistía es un «paso necesario y muy importante» para hacer avanzar el país que quiere «la gran mayoría de los venezolanos».

También otorgó especial importancia al anuncio del cierre de El Helicoide, ya que a su juicio «toca la conciencia del país y devuelve la esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido injusticias y persecución». Asimismo, el diputado Stalin González sostuvo que esta propuesta abre una nueva página para la «convivencia democrática en el país», por lo que espera que sea una medida amplia que garantice la libertad de todos los presos políticos, y pidió que «el cierre físico» del Helicoide «trascienda a poner fin a la represión», reseña Efe.