El vínculo entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos ha entrado en 2025 en una fase de fricción que va mucho más allá de simples desacuerdos diplomáticos. Lo que alguna vez fue una alianza sólida se ha convertido en una disputa por la soberanía, donde la autonomía estratégica comunitaria y los intereses nacionales de Washington chocan en frentes tan diversos como la integridad territorial y la gobernanza del espacio digital. Esta crisis se reflejó particularmente en la reformulación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciada en septiembre por la Casa Blanca.

Los acontecimientos de esta última semana han confirmado la gravedad de la fractura. En el ámbito geoestratégico, el nombramiento por parte de la Casa Blanca de un enviado especial para Groenlandia –con el objetivo explícito de avanzar hacia una posible anexión de la isla– representa un movimiento que Bruselas interpreta como un desafío directo a la estabilidad y las fronteras de la Unión. A esta tensión territorial se suma el choque digital, tras la decisión de Washington de prohibir la entrada en territorio estadounidense al excomisario Thierry Breton y a otros expertos vinculados a la Ley de Servicios Digitales (DSA) e implicados en la lucha contra el discurso de odio en las redes sociales. La medida forma parte de un paquete de sanciones dirigidas contra lo que la Casa Blanca describe como «censura digital».

Desde su lanzamiento, la Administración Trump ha hecho de la DSA su principal caballo de batalla, al considerarla un intento de restringir la actividad de las grandes tecnológicas estadounidenses. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó a los europeos sancionados de «activistas radicales», asegurando que trabajaron para «coaccionar a las plataformas estadounidenses para censurar y suprimir los puntos de vista estadounidenses».

Esta ofensiva se produce tras las multas multimillonarias impuestas por Bruselas a gigantes como Apple y Meta por violar las normas de competencia. Pero el conflicto se intensificó cuando Bruselas aplicó la primera gran multa en el marco de la DSA, donde la red social X fue multada con 120 millones de euros por violar las normas de moderación de contenidos. Lo que para Bruselas era una medida necesaria para corregir el uso de «diseños engañosos» y proteger la transparencia electoral, fue interpretado por Washington como un ataque directo a sus intereses tecnológicos y una violación de la libertad de expresión.

Otra «caza de brujas»

Breton respondió a la sanción con un comunicado en el que cuestionaba si se estaba reviviendo la «caza de brujas» anticomunista del macartismo. El ex comisario recordó que la DSA fue aprobada democráticamente por el Parlamento Europeo y apoyada por unanimidad por los 27 Estados miembros. La normativa, vigente desde 2023, busca regular el funcionamiento de las redes sociales y los motores de búsqueda para combatir los contenidos ilegales y garantizar un mercado único transparente.

La reacción de Bruselas fue abrumadora. Stéphane Séjourné, vicepresidente del Ejecutivo comunitario, salió en defensa de Breton afirmando que las presiones externas no silenciarán la «soberanía de los pueblos europeos». La Comisión emitió un comunicado en el que condena las medidas tomadas por Washington, exigiendo explicaciones y reafirmando su poder para legislar sobre la economía digital. «Si es necesario, responderemos con rapidez y decisión para defender nuestra autonomía regulatoria», advirtió la institución.

Este incidente se produce apenas unas semanas después de que Estados Unidos publicara su Estrategia de Seguridad Nacional, un texto que hace referencia al «declive económico de Europa» y acusa a Bruselas de socavar la libertad y la autonomía políticas mediante el uso de la «censura de la libertad de expresión» y la represión de los opositores políticos. El documento presenta un escenario apocalíptico para el continente, asegurando que será «irreconocible dentro de 20 años».

António Costa, presidente del Consejo Europeo, exigió a Washington respetar la soberanía y la independencia democrática de la UE. «No habrá libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos de Estados Unidos», afirmó.

En paralelo al conflicto digital, las reivindicaciones territoriales de Estados Unidos sobre Groenlandia han encendido las alarmas en Bruselas. El presidente estadounidense, Donald Trump, nombró este lunes al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial a la isla ártica, con la tarea explícita de poner el territorio bajo control estadounidense, alegando razones de «seguridad nacional». Landry confirmó que viajará a Nuuk para convencer a los residentes locales de que «no hay mejor bandera para la libertad y las oportunidades que la de Estados Unidos». «Espero compartir ese mensaje con el pueblo de Groenlandia», señaló en una publicación en X.

El valor de esta isla para Washington es puramente estratégico debido a su ubicación clave entre América del Norte y el continente europeo. En el marco de la OTAN, este territorio danés es fundamental para el control del Ártico. Trump ya había planteado la idea de «comprar» Groenlandia durante su primer mandato, pero políticos daneses y groenlandeses dejaron claro que la isla no está en venta. El pasado mes de enero, el presidente estadounidense incluso sugirió la posibilidad de intervenir militarmente para tomar el territorio.

En este contexto de ruptura de normas, el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia –una posición sin precedentes– representa un desafío frontal a la integridad territorial de Dinamarca y a los principios de la OTAN. Esta medida de la Administración Trump ha desatado tensiones diplomáticas que Bruselas y Copenhague interpretan como una amenaza de anexión.

Disturbios en Dinamarca

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, anunció que citaría en los próximos días al embajador de Estados Unidos en Dinamarca, Ken Howery, para exigirle explicaciones. Por su parte, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recordó en un comunicado que «no se pueden anexar otros países». «Nuestro país se reduce a una simple cuestión de seguridad y poder», lamentó Nielsen. «El futuro de Groenlandia lo determina el pueblo groenlandés. No somos daneses. No somos estadounidenses y no queremos serlo. Somos Inuiaat Kalaallit, somos el pueblo groenlandés. Nuestra tierra es nuestra y nadie más la controlará ni será su dueño”, afirmó.

Desde Bruselas, los líderes europeos reiteraron su pleno apoyo a la independencia de la isla. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Costa subrayaron en un comunicado conjunto que «la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional».

La suma de la ofensiva contra el marco regulatorio europeo y las ambiciones anexionistas para Groenlandia marca el fin de una era de alianza inquebrantable. Con la relación transatlántica en su punto más bajo, la UE se ve obligada a buscar nuevos socios estratégicos y reafirmar su independencia en un escenario desconocido donde la cooperación tradicional con su aliado más cercano se desdibuja cada día que pasa.