Así se lo transmitió a la mujer un representante del Servicio de Atención a la Familia de la Agencia Navarra para la Autonomía y el Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en una reunión celebrada el pasado 23 de enero.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el funcionario admitió ante la madre durante ese encuentro que «se podrían haber hecho cosas de lo contrario«, en relación con el caso de agresión sexual, que ya está en manos de la Fiscalía. Fiscalía.

El hecho, según informa este diario, tuvo lugar el pasado 17 de enero. Ocurrió en el centro Lagunetxea, gestionado por la Fundación Amigó y situado en Mutilvacinco kilómetros de Pamplona.

Es un centro tutelado por el Gobierno regional, presidido por el socialista María Chivita.

«Nadie quiere ni espera que sucedan estas cosas, pero a veces suceden«, le dijo el representante de Servicios Sociales a la madre en esa reunión, según la conversación a la que tuvo acceso este diario.

La madre, de 30 años, tiene suspendida la patria potestad. Su pequeño hijo está bajo la tutela del Gobierno de Navarra desde diciembre de 2024, después de que la Administración declarara su situación jurídica de desamparo.

La madre se queja de que su hijo no tiene por qué estar en un piso tutelado y «mucho menos cuando hay tantos niños mayores«.

«Es el más pequeño y no lo pueden cuidar porque no le dan la atención que necesita para su edad», protestó.

En un momento, la madre mostró su malestar con la gestión del caso y llegó a calificar de «ineptos» a los responsables de los servicios sociales.

Allí el funcionario le pidió que bajara el tono y le dijo que “validamos ese enojo y no podemos estar más de acuerdo”.

«Un niño de 4 años no tiene por qué estar en un piso o en una residencia», reconoció. «Teniendo en cuenta su edad, es cierto, no tiene por qué estar donde está».

El representante de los servicios sociales admitió que, debido a su edad, el menor «necesita una familia» y que el Servicio de Atención a la Familia ha explorado «todo Amplia red sociofamiliar.«antes del ingreso al centro.

También le informó que se había intentado encontrar un familia anfitrionaaunque de momento no había ninguno «disponible».

Eso «no quiere decir que no se estén buscando familias» para que el niño «deje de estar en la residencia y pueda estar en una familia», le dijo.

«Medidas adecuadas»

Durante ese encuentro, el funcionario defendió la actuación del centro tras el incidente porque «desde casa han tomado las medidas que debían tomar, oportunas, dadas las circunstancias».

El mismo día en que se conoció el caso de presunta agresión sexual, la menor fue internada en el Hospital Universitario de Navarra para ser evaluado, pero la madre no fue informada de lo sucedido hasta el día siguiente.

Fue notificada a través de un mensaje de WhatsApp, donde le informaron que la menor se encontraba «muy bien, tranquila y atendida en todo momento».

Y que había sido ingresado «preventivamente» tras «algunas verbalizaciones que, por su antigüedad y contenido, deberían ser valoradas por profesionales».

En ningún momento se le explicó a la madre el origen del traslado hospitalario.

Ya el lunes 19 de enero, una de las educadoras del centro, MGC, la llamó y le dijo que lo que había pasado «podría ser una agresión sexual».

Le dijeron que no sabían “qué pasó ni cómo pasó”, porque no lo habían visto, y que actuaron luego de escuchar el testimonio del pequeño.

Tras el incidente, el centro decidió separar a los menores.

El centro donde ocurrieron los hechos, según Su web cuenta con 12 profesionales de atención directa y un equipo técnico compartido que incluye un director, dos técnicos de familia, un terapeuta individual y un terapeuta.