Hacienda reduce el mercado de distribución de combustibles a solo ocho operadores
Desde el pasado 1 de febrero, el mercado mayorista de carburantes en España se ha reducido a sólo ocho operadores «fiables». Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las energéticas elegidas por el Ministerio de Hacienda, mientras que la … descansar, casi 50 operadores —“muchos activos, solventes y con trayectoria contrastada”, dicen los expertos del sector—quedan fuera. Según ha podido saber ABC, algunos de estos operadores se han planteado reclamar porque cumplen con las características solicitadas, aunque son conscientes de que un proceso contencioso administrativo lleva años y «se colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.
Como informó este diario, el mercado estaba a la espera de que el Ministerio que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero se pronunciara, antes de finales de enero, sobre si concede o no la categoría de Operador confiable de hidrocarburos a una decena de empresas energéticas, una nueva figura impositiva reservada a empresas con un alto grado de control, trazabilidad y solvencia. Hasta esta semana, sólo Repsol y Moeve habían recibido este distintivo de la Agencia Tributaria.
Los expertos del sector consultados por este periódico advierten que sólo de haber dejado fuera a Axoil (tradicional aliado de Repsol, y cuarto operador del sector) y Hatta Energy (quinto), en el caso de que ambas colapsen, «más del 10% del mercado queda en el aire y miles de gasolineras independientes sin distribuidores. «Un despropósito y una actuación arbitraria de Hacienda.»
Las mismas fuentes técnicas añaden que el consecuencias inmediatas son que “hay menos operadores con acceso a depósitos fiscales; más costos financieros transferidos a la cadena; riesgo real de aumento de precios en el surtidor; concentración del mercado; y daño reputacional a las empresas expulsadas a través de un medio diseñado para el fraude, cuando el fraude ya ha sido desmantelado”.
La nueva exigencia tributaria que entró en vigor a principios de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para fortalecer el control del IVA en el sector de hidrocarburos, uno de los más expuestos históricamente a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre los operadores considerados «confiables» y los que no tienen esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar la recaudación del impuesto.
En la práctica, el cambio central en la normativa es la obligación de adelantar el 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de combustible para operadores que no hayan sido reconocidos como confiables. Este anticipo puede realizarse mediante el establecimiento de una garantía que cubra ese porcentaje, calculado en función de la actividad reciente, o mediante el pago previo del impuesto sobre cada suministro, procedimiento que deberá ser validado por la Administración antes de poder ejecutar la operación.
Las energéticas, que dicen cumplir las condiciones exigidas, quieren quejarse pero pueden hundirse ante la resolución
la figura de «operador confiable» Está concebido como un filtro administrativo. Sólo podrán acceder a él las empresas que cumplan una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritos en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos años y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento le permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin anticipos ni garantías extraordinarias.
La normativa establecía un período de transición para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que finalizó el 31 de enero, durante el cual la Administración tuvo que analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores se acogían a uno u otro régimen. Sin embargo, una vez transcurrido ese plazo, la ausencia de resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido reconocidos formalmente como confiables pasan a estar sujetos al sistema de anticipo del impuesto.
Más allá del objetivo antifraude
Desde el punto de vista del sector, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de combustibles trabaja con márgenes ajustados y un alto volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier anticipo de impuestos en un factor crítico para la liquidez y las operaciones. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reordenación del sector tras cambios normativos previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a estaciones de servicio.
A este contexto se suma la implementación de nuevos procedimientos técnicos para la entrada del IVA en el ámbito de los combustibles, que han requerido adaptaciones en los sistemas administrativo y bancario. La combinación de mayores exigencias fiscales, plazos ajustados y cambios operativos ha generado un escenario de alta presión para los operadores, especialmente para aquellos cuya situación administrativa no ha sido definida en los tiempos previstos.
Desde Hatta Energy -situada en el cuarto puesto a nivel nacional y con peso decisivo en Galicia-, aseguran que ya se enfrentan a un «bloqueo operativo» que «comproduce la normal continuidad de su actividad».
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