El Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de la adjudicatarios de vivienda pública investigado por posibles irregularidades en la asignación con la actual plantilla de funcionarios para saber si existen empleados municipales más relacionados con la distribución de los inmuebles.

Además, han presentado una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de determinar si algún funcionario ha podido cometer «irregularidades» en el proceso.

Así lo anunció el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, quien indicó que Esto no es una «caza de brujas» sino aclarar si hay más funcionarios adjudicadores «y si ha tenido relación con el procedimiento».

También ha explicado que el alcalde, el popular Luis Barcala, ha convocado para el próximo jueves un pleno extraordinario y monográfico sobre este caso que ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocer que fue una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interior, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

En el pleno del jueves, el alcalde «dará todas las explicaciones apropiadas», según Villar, que ha mostrado «indignación por los hechos conocidos sobre la adjudicación de las viviendas» y ha asegurado que «el equipo de Gobierno (del PP) ha actuado con total contundencia» ante el primer indicio de irregularidad y que «no le temblará el pulso» para aclarar responsabilidades.

Señalan que el Ayuntamiento no tiene competencias

Villar ha repetido en la comparecencia ante los periodistas que el Ayuntamiento de Alicante no tiene competencias ni conocimiento de la adjudicación de la vivienda pública en el epicentro del escándalo, ya que su papel es limitado «vender el terreno a precio de tasación».

Es la cooperativa la que, ha argumentado el vicealcalde, elige a los cooperativistas»y no existe ninguna norma que establezca control municipal«, por lo que «el Ayuntamiento no adjudica ninguna vivienda», ha subrayado, y «se limita exclusivamente a licitar la compraventa del terreno y conceder la licencia de obra».

Tras informar de que Rocío Gómez ha formalizado este lunes su dimisión como concejal de Urbanismo y que Luis Morata la sustituirá, ha apuntado que el proceso de adjudicación ha seguido una normativa de 2009, «que no fue modificada por los gobiernos, incluido el del Botànic».

Sobre la posible conexión entre el funcionario de Vivienda involucrado en la adjudicación y un funcionario municipal, dijo que esperando para verificar este hecho a «iniciar a la mayor brevedad un expediente sancionador que conducirá a la suspensión de empleos y tierras, con carácter cautelar».

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