Yolanda Díaz continúa su plan de dar más poder a los sindicatos en las empresas españolas. El pasado lunes, la ministra de Trabajo presentó el informe que ha elaborado su «Comisión de Expertos sobre la Democracia en el Trabajo» sobre este y otros temas empresariales.

A partir de ahora, el líder de Sumar abrirá una mesa de diálogo con los «agentes sociales» para convertir en ley las recomendaciones de estos «expertos» elegidos por su propio departamento. Una de las ideas más repetidas en este extenso documento de casi 500 páginas es la facilitación. «del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».

Los autores del texto promueven la colonización de las empresas españolas obligando a las empresas a poner parte de su capital a disposición de los trabajadores o sindicatos.

Imposiciones al capital

Así, «en empresas con entre 25 y 1.000 empleados, se debe poseer más del 2% de las acciones y/o ser administrado por quienes trabajan (a través de un fideicomiso u otro vehículo adecuado); en empresas con más de 1.000 empleados, se debe poseer más del 10% de las acciones y/o ser gestionado por los trabajadores».

Además, los «expertos» de Yolanda Díaz también quieren imponer la presencia de sindicatos en las juntas directivas de las empresas privadas para participar en su toma de decisiones.

Imposiciones a los consejos

La «introducción de trabajadores y trabajadoras en los consejos de administración» tendrá «umbrales mínimos legales en función del tamaño de la plantilla». Para empresas con entre 50 y 1.000 empleados, «Un tercio de los escaños del consejo se asignará a representantes de los trabajadores.» Para empresas con más de 1.000 empleadosla mitad de los puestos.

«Las empresas podrán elegir, mediante convenio colectivo, entre tres opciones para organizar esta representación: incluir la representantes de quienes trabajan directamente en el consejo existenteindependientemente del comité de empresa; otorgar al comité de empresa el peso de votación correspondiente junto con el peso otorgado al consejo; o incluir en el consejo existente al mismo número de trabajadores ya representados en el comité de empresa, lo que implica que estos trabajadores tendrán doble designación», señalan. Por eso, aunque en un principio les llaman trabajadores, están hablando de sindicatos.

Castigos y recompensas para los emprendedores

Para garantizar que las empresas cumplan con su mandato, los «expertos» del Ministro de Trabajo recomiendan conceder una calificación para cada empresasegún la parte de su capital y su espacio en el consejo que ceden a sus trabajadores y sindicatos.

Las notas máximas Serían, por un lado, para la «empresa en la que quienes trabajan tienen todos los derechos de voto en el consejo de administración (también conocida como cooperativa de trabajadores o sociedad laboral)», y por el otro, para la que «más del 50% de las acciones son propiedad y/o administradas por quienes trabajan, y el resto es propiedad y/o administrada por quienes trabajan o por propietarios administradores».

Cada empresa recibirá una calificación «que situará sus logros» en estas dos escalas y así se formará el «Índice de Desarrollo Democrático Corporativo», que luego será utilizado en un «mecanismo de Incentivos tipo bonus/malus, diseñados para recompensar niveles acceso a la participación y la apropiación (y desalentar los niveles inferiores)», explica el documento.

La calificación laboral condicionará el acceso a subvenciones y otros beneficios empresariales. «Este índice guiará un marco político que movilizará subvenciones públicas, tipos impositivos corporativos, beneficios fiscalesacceso privilegiado a la contratación pública, etc., para favorecer un mayor progreso, incentivando a las empresas menos democráticas del país a transformar sus estructuras organizativas», explican.