El Dirección General de Tráfico (DGT) ha recibido un contundente golpe judicial que pone de manifiesto un fallo sistémico en su gestión sancionadora. Una sentencia reciente del Tribunal de Instancia de Burgos ha condenado a la organización que dirige Pedro Navarro devolver inmediatamente los puntos deducidos a un conductor cuya multa haya sido previamente cancelada por los servicios económicos de autoridades fiscales. El fallo no sólo exige la restitución del saldo del permiso, sino que impone a Tráfico el pago de 300 euros de gastosdestapando un error administrativo que, según la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA)podría afectar aproximadamente 50.000 conductores en toda España.

La «mochila» de los puntos: un castigo sin base legal

Desde la implementación de la tarjeta de puntos en 2006, la DGT se ha negado sistemáticamente a reconocer las resoluciones de los tribunales económico-administrativos del Tesoro. El argumento de Tráfico fue que estos órganos no tenían competencia para revisar su competencia sancionadora. Sin embargo, la sentencia de Burgos echa por tierra esta tesis al atacar la principio constitucional de seguridad jurídica: El juez subraya que no puede ser que para Hacienda no exista infracción (porque fue mal notificada) y para Tráfico sí la exista a efectos de restar puntos.

«La pérdida de puntos va ligada a la multa como la sombra al cuerpo», denunció. Mario Arnaldopresidente de AEA. El caso que motivó esta sentencia es paradigmático: un automovilista descubrió que le habían descontado cuatro puntos por exceso de velocidad de lo que nunca fue avisado hasta que Hacienda le exigió el pago con un 20% de recargo. Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Regional (LÁGRIMA) de Castilla y León anuló la multa, Tráfico se negó «tercamente» a devolver el saldo de la licencia.

El riesgo de imputar delitos inexistentes

La persistencia de la DGT en mantener estas sanciones anuladas en el Registro de conductores e infractores Tiene consecuencias que van más allá de lo administrativo. La AEA advierte de que Tráfico podría incurrir en graves responsabilidades, ya que mantener registradas deducciones ilegales de forma injusta priva a miles de ciudadanos de su derecho a conducir.

Lo más grave es que esta falta de atención por parte de la DGT podría derivar en la acusación de delitos contra la seguridad vial inexistente. Un conductor podría ser detenido por conducir supuestamente sin saldo de puntos cuando, legalmente, su «mochila» -término acuñado por el propio Pere Navarro- debería estar intacta. La Justicia deja ahora claro que si la multa económica cae por una mala tramitación, los puntos deberán restituirse automáticamente.

Un éxito jurídico para AEA ante «argumentos perversos»

Para servicios legales AEAresponsable de este recurso, la sentencia marca el fin de una práctica de la Administración que ha causado «daños irreparables» durante dos décadas. El éxito de esta asociación abre la puerta a 50.000 afectados Debido a este error administrativo, exige la corrección de tu saldo. Como concluye Arnaldo, una sanción no puede fragmentarse para mantener la sanción administrativa cuando el fundamento de la infracción ha sido declarado nulo por el propio Estado.