Él Gobierno de Italia aprobó este jueves un paquete de medidas de seguridad que van desde la «prisión preventiva» de asistentes «peligrosos» ante una manifestación pública en prohibición de vender cuchillos o navajas a menores, con sanciones incluso para los padres o tutores.

«No son medidas de propaganda, sino una pieza más de la estrategia que este Gobierno viene ejecutando desde sus inicios», declaró el Primer Ministro italiano. Giorgia Meloni.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de seguridad urbana compuesto por un proyecto de ley y un decreto ley, este último un tipo de texto que se utiliza en situaciones de extraordinaria urgencia y que deberá ser revalidado en el Parlamento en 60 días.

El Ejecutivo ha justificado la relevancia de esta normativa tras la manifestación el pasado fin de semana en Turín (norte de Italia), que provocó enfrentamientos violentos y numerosos agentes de policía heridos, y por una reciente apuñalamiento en una escuela en La Spezia (norte), entre otros casos.

El Ministro del Interior, Mateo Piantedosi, explicó en rueda de prensa los artículos más destacados de los 29 artículos del proyecto de ley de seguridad, que castiga en primer lugar hasta Tres años de prisión para quien porte cuchillos en espacios públicos.

La venta de estas armas es prohibido a menores, también en internet, y en caso de que sean descubiertos con un cuchillo o una navaja, la regla sancionará a sus padres o tutores legales.

Dudas constitucionales

Otro punto destacable de la normativa, que ha suscitado dudas de constitucionalidad, es la introducción de la denominada «prisión preventiva», es decir, la posibilidad de retener, por hasta 12 horasaún sujeto «en riesgo» para una manifestación pública.

Para ello, el texto -aún no divulgado, pero sólo expuesto por el ministro- determina que la peligrosidad debe ser avalada por el antecedentes penales del sospechoso o encontrarlo en posesión de armas o con ropa que puede usarse para ocultar su identidad.

La redacción de este texto, clave en las intenciones de Meloni de reforzar la seguridad en las ciudades italianas, ha sido seguida por los técnicos del Palacio del Quirinal, el jefe del Estado, por las dudas de constitucionalidad que plantea.

Meloni sólo se limitó a explicar en sus redes que también están «presentados Penas más severas para los carteristas.

Respecto a la citada prisión preventiva, el presidente explicó que el objetivo es «evitar la presencia y acción de grupos organizados dedicados a la violencia que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse» y que «destrozan» las calles del país.