CRIMINALIDAD EN LA AMAZONÍA | El crimen organizado se está apoderando de la Amazonía e impulsa su devastación
Lejos de ser actividades marginales relacionadas con economías de subsistencia o dependientes de redes locales de escaso alcance, los crímenes ambientales que se cometen en la Amazonía ya forman parte de una estructura criminal transnacional altamente organizada, impulsada por sistemas financieros comparables a las que mueven las grandes actividades ilegales del planeta. Según una investigación de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT Coalition), con sede en Washington, estos delitos se están profesionalizando y propagando a nivel internacional con gran rapidez.
[–>[–>[–>Esta organización estadounidense, que investiga y divulga las ilegalidades derivadas de los sistemas financieros y económicos, señala que la deforestación ilegal, la minería ilícita de oro, el tráfico de vida silvestre y la pesca ilegal forman ya parte de un mercado global que genera hasta 281.000 millones de dólares anuales y, lo que es peor, crece casi tres veces más rápido que la economía legal.
[–> [–>[–>Es precisamente en los países amazónicos, como Brasil, Ecuador, Perú o Colombia, donde la relación entre crimen organizado y destrucción ambiental se manifiesta con particular crudeza.
[–>[–>[–>
Aprovechando los vacíos legales
[–>[–>[–>
Además, estas redes criminales están empleando métodos jurídicos sofisticados. En vez de actuar al margen del sistema, han aprendido a usar las lagunas legales: áreas protegidas que solo lo están sobre el papel, marcos regulatorios débiles, sistemas financieros opacos y cadenas de suministro globales que permiten blanquear productos ilegales hasta convertirlos en mercancías aparentemente legítimas.
[–>[–>[–>La deforestación vista desde el espacio / Agencias
[–>[–>[–>
La minería ilegal de oro es uno de los casos más ilustrativos del crimen organizado en la región amazónica. En países como Colombia y Perú, la extracción ilegal de este mineral genera hoy más ingresos para los grupos criminales que el tradicional tráfico de drogas.
[–>[–>[–>
En países como Colombia y Perú, la extracción ilegal de oro genera hoy más ingresos para los grupos criminales que el tradicional tráfico de drogas
[–>[–>[–>
Y es que el oro ilegal sufre un nivel de persecución penal más suave que el de la cocaína, goza de precios internacionales elevados y puede integrarse con relativa facilidad al comercio legal mediante empresas pantalla, refinerías cómplices y vacíos regulatorios en los mercados de destino. De acuerdo con un informe de FACT Coalition, cerca del 80 % del oro exportado desde Colombia hacia Estados Unidos tendría origen ilegal, mientras que Perú concentra casi la mitad del comercio ilícito de oro en América Latina.
[–>[–>
[–>La criminalidad se expande
[–>[–>[–>
Este fenómeno no solo acelera la deforestación y la contaminación por mercurio de ríos amazónicos, sino que también refuerza dinámicas de violencia, corrupción e impunidad. Comunidades indígenas y poblaciones rurales quedan atrapadas entre economías ilegales, presencia armada y Estados incapaces de ejercer control efectivo. La minería ilegal avanza dentro de territorios indígenas y áreas protegidas, financiando estructuras criminales que diversifican sus actividades hacia otros delitos ambientales y no ambientales, desde el tráfico de personas hasta el lavado de activos, según recoge el portal Infobae.
[–>[–>[–>
Helicópteros policiales sobrevolando una explotación en el Amazonas / AP
[–>[–>[–>
En este contexto, defender la naturaleza se ha vuelto una actividad de alto riesgo: América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, con decenas de asesinatos cada año.
[–>[–>[–>La Amazonía no es un caso aislado, sino parte de un patrón global. Investigaciones de WWF y la Environmental Investigation Agency muestran que los delitos ambientales constituyen ya la tercera mayor actividad criminal transnacional, solo por detrás del narcotráfico y la falsificación. Estas economías ilícitas operan a través de redes sofisticadas que cruzan múltiples jurisdicciones, combinan delitos ambientales con financieros y se sostienen gracias a la complicidad —activa o pasiva— de actores del sistema legal, incluidos intermediarios financieros, empresas, funcionarios corruptos y vacíos en la supervisión estatal.
[–>[–>[–>
Escasos avances en la lucha legal
[–>[–>[–>
Ante este escenario, los avances normativos internacionales han sido limitados y fragmentarios. Aunque en foros multilaterales crece el reconocimiento de los delitos ambientales como una amenaza equiparable a otras formas de crimen organizado, persisten vacíos críticos. Según la Environmental Investigation Agency, las leyes actuales carecen de definiciones comunes, sanciones homogéneas y mecanismos robustos de cooperación internacional que permitan perseguir no solo a los ejecutores locales, sino a los beneficiarios finales y a las estructuras financieras que sostienen estas economías ilícitas .
[–>[–>[–>
FACT Coalition insiste en que la clave para revertir esta tendencia no está únicamente en ampliar áreas protegidas o reforzar la vigilancia territorial, sino en seguir el rastro del dinero. Sin medidas efectivas contra el lavado de activos, sin transparencia sobre los beneficiarios reales de empresas y sin controles estrictos en los mercados de destino, los delitos ambientales seguirán siendo una opción racional para el crimen organizado. Desde esta perspectiva, la Amazonía se ha convertido ya en un laboratorio donde se pone a prueba la capacidad del sistema internacional para enfrentar economías ilícitas que operan a escala global
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí