Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y desde la izquierda política y mediática en general, están decididos a vendernos que las subvenciones y prestaciones sociales que se conceden a algunas personas son imprescindibles para ayudarlas. Así, la fijación de marcas de pago como la de Ingreso Mínimo Vital (IMV)) se nos presenta como un avance de derechos. Sin embargo, además de proteger a los más vulnerables, lo cierto es que estas ayudas también suponen un incentivo para que muchos se aprovechen del sistema y vivan a costa del resto de la sociedad.

En este sentido, cabe señalar que existen diversos informes -como los publicados por el Instituto Juan de Mariana o la consultora Freemarket- que demuestran cómo estos beneficios generan un «círculo de pobreza» y desincentivan incorporación de estas personas al mercado laboral. Pero, además, en los últimos meses se han producido algunos casos que pueden llevar a cuestionar la forma en la que se están implementando estas medidas. Así lo han informado, de hecho, en diferentes medios.

En Libre Mercado hemos detallado algunos casos en los que es claro que la política de beneficios sociales está siendo fuente de ineficiencias muy importantes. Cabe recordar cómo vecinos de un barrio de Alicante alardeaban de vivir del Estado, dedicándose a robar y tener móviles. «a costa de Pedro Sánchez». De igual forma, otros vecinos de un barrio de Córdoba también celebraron vivir gracias al Ingreso Mínimo Vital. Todos ellos, de hecho, demostraron que no tenían motivos para trabajar.

El último caso en el que queda patente la política social del Gobierno de Pedro Sánchez es el de Isabel, una mujer que ha aparecido dos veces en el programa de Cuatro, En boca de todos. Esta mujer, al menos aparentemente, no sufre ningún impedimento para trabajar. Sin embargo, como ella misma admitió ante las cámaras de Mediaset, cobra 1.400 euros por el Ingreso Mínimo Vital. Naturalmente, el caso ha motivado la reacción de usuarios de redes sociales, quienes denuncian que esto sucede en nuestro país.

Pagas 1.400 euros

En concreto, esta mujer participó el pasado martes en el programa porque, un día antes, ya había aparecido en el espacio de Mediaset. En esa oportunidad denunció los malos tratos a su expareja, a quien acusó de intentar atropellarla. Sin embargo, según explicó el presentador, tras la aparición de Isabel en el programa de Cuatro, un policía local de Castilblanco de Los Arroyos les comunicó que es esta mujer quien comete violencia contra su expareja.

Según explicó el reportero, «justo cuando terminábamos la transmisión en vivo, se nos acercó un policía local de aquí, de este pueblo, vestido de civil (…) muy indignado». De esta manera, el periodista también detalló que este hombre «dijo que Isabel nos estaba engañandoque tiene cargos penales por robo, por narcotráfico, que le van a quitar a sus hijos, no por denunciar a su expareja, sino porque deja a sus hijos en manos de drogadictos.

Precisamente por eso decidieron volver a contar con Isabel, para aclarar esta información que les había llegado. En ese sentido, la mujer comenzó negando que, pese a lo que puedan decir en el pueblo, ella no se dedique a la venta de drogas. De hecho, incluso señaló que este policía «la tiene cruzada» y hay una motivación personal, aunque, al mismo tiempo, reconoció que dicho agente la ha pillado conduciendo sin licencia en varias ocasiones. Ya en ese primer momento señaló que vivía de las ayudas del Estado y de familiares. «Estoy cobrando mi asistencia vital, mi madre me ayuda y mi familia me ayuda, y no necesito hacer eso», aseveró en referencia a las acusaciones sobre su presunta implicación en el narcotráfico.

En ese contexto, la mujer quiso desmentir la versión del policía sobre su relación con el narcotráfico y explicó que, en realidad, lo que se puede ver en un vídeo -en el que se ve una pelea entre varias personas- es cómo el policía local, luego de acercarse a él para reprocharle que hable de ellos en el pueblo. «Tu novio va a hablar con el policía local en su casa para contarle por qué anda por el pueblo diciendo que sois narcotraficantes y el policía lo agarra así con esa violencia, la agarra por el cuello y le dice que salga por su puerta», intentó asegurar el presentador.

En cualquier caso, luego de que los comentaristas expusieran su punto de vista sobre el caso y profundizaran en el enfrentamiento personal entre el policía y la mujer, uno de los colaboradores del programa no dudó en recordarle que las acusaciones sobre su vínculos con el narcotráfico Provienen de instituciones oficiales, no sólo de ese agente. «Lo que está claro, Isabel, (…), es que a nivel oficial, desde el Ayuntamiento, la policía te vincula con el narcotráfico y ese ya no es el policía, (…), pero a nivel oficial es el Ayuntamiento», puntualizó el periodista.

De esta forma, la mujer volvió a insistir en que vive de distintas ayudas y detalló el monto. «Si quieres te muestro todo lo que hay en mi casa para que veas lo que ves en el lujo, porque la gente que vende droga tiene sus casas de lujo», respondió la mujer y agregó que vive «tengo lo que puedo, lo que tengo». estoy alcanzando con mi ayuda vital«Lo que gano son 1.400 euros y mi madre me ayuda».

Reacción en redes sociales

Naturalmente, las redes sociales han reaccionado a este vídeo y los usuarios han mostrado su indignación. «Esta gente cobra 1.400€/mes por el IMV siendo okupa y tú te levantas a las 6 de la mañana para vivir en una habitación de 7 metros cuadrados y cobras 1.100€/mes y les pagas el dinero a esta gente», apunta una persona.

«Cobra 1.400 euros de Ingreso Mínimo Vital… ¡al mes! Sin hacer nada», afirma Manuel Llamas, director del programa esRadio La trinchera de las llamas.

En este mismo sentido, otros usuarios señalaron que la sociedad española está manteniendo a estas personas, a las que califican de «parásitos».

Asimismo, otras personas destacan la audacia de las mujeres, que viven de las prestaciones sociales y no trabajan.

De hecho, otros usuarios también han querido ironizar sobre lo que pudo haber pensado el reportero del programa durante la intervención de la mujer.

Siendo así, queda demostrado una vez más que buena parte de la sociedad española es consciente de cómo funciona este sistema y de la injusticia que conlleva.