Burocracia y sobrerregulación
Juan Cofiño es presidente de la Junta General del Principado
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«Nuestra burocracia da miedo cuando se comprende que no es un tumor en el cuerpo sano del Estado, sino el cuerpo mismo del Estado». Esta contundente sentencia de Grossman identifica uno de los males que, unidos a otros muchos –que no es el caso aquí y ahora analizar– están licuando nuestra democracia.
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Si convenimos en que la democracia consiste en un sistema de procedimientos formales –de amplia base participativa– que tiene como objetivo resolver los problemas que afectan a la ciudadanía maximizando el interés de la mayoría, e incorporando a las minorías, su crisis estalla cuando no cumple satisfactoriamente estos objetivos. En mi opinión, la justificación y supervivencia del sistema democrático está directamente relacionado con el concepto de utilidad; esto es, eficiencia y eficacia en la gestión de los asuntos públicos desde las instituciones de gobierno.
[–> [–>[–>Esta breve introducción resulta necesaria por cuanto está extendida, principalmente entre ciertos ambientes de una determinada izquierda política, una idea que identifica el discurso, el relato y el programa ideológico como el ámbito exclusivo y el límite de la política, todo ello asociado a una actitud desdeñosa o peyorativa en relación con la gestión de las administraciones (propio de tiempos en que triunfan –desafortunadamente– políticas y políticos que apelan a las pasiones desgobernadas frente a la razón de resonancias kantianas).
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Cuando los ciudadanos perciben que las propuestas programáticas no se traducen en realidades concretas, surge la desconfianza, y si esto sucede recurrentemente, se produce una grieta de credibilidad por donde se cuelan siempre los populistas y el autoritarismo que promete paraísos imposibles. Así que, haríamos bien en tomarnos en serio el enorme problema que representan unas administraciones publicas ineficientes, ahogadas en burocracia e incapaces de producir respuestas satisfactorias a las demandas ciudadanas. Quienes creemos en el Estado tenemos la obligación de hacer que funcione adecuadamente, y el primer acto consiste en detectar sus disfunciones. Resulta evidente que padecemos una grave inflación de leyes, regulación y procedimientos, a todas luces excesiva y en muchas ocasiones innecesaria, que impide la ejecución de proyectos en tiempo y forma; todo un sistema de obstáculos producto de la obsesión por los controles y los riesgos, sin ponderar adecuadamente los beneficios y las oportunidades que se pierden por el camino. En definitiva, hemos construido administraciones endogámicas más preocupadas por los procedimientos que de los resultados.
[–>[–>[–>Con alguna experiencia en la administración pública asturiana, podría ejemplificar cuanto expongo con casos hilarantes, pero debo tomar distancia para evitar malentendidos, ampliando la escala para señalar algunos asuntos que, en mi opinión, resultan escandalosos y paradigmáticos de cuanto denuncio, a escala nacional.
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Padecemos, como todos sabemos, una crisis de la vivienda asociada a unos precios prohibitivos (compraventa, arrendamiento) que está en la base de un malestar creciente entre nuestros jóvenes, imposibilitados de emprender un proyecto de vida viable. Urge construir de forma rápida más viviendas (públicas y privadas) pues estamos en presencia de una crisis de oferta, pero no podemos hacerlo víctimas de una red de normas y rigideces que lo impiden: planes urbanísticos que se demoran hasta decenas de años, licencias urbanísticas que se eternizan entre la maraña administrativa, requisitos en los proyectos ociosos o prescindibles, etcétera.
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[–>En otro sector transcendental para nuestro futuro – el energético – hemos pergeñado la agenda verde, en virtud de la cual decidimos descarbonizar nuestra economía. Concluir este proceso satisfactoriamente para los intereses del país implica desarrollar una alternativa energética basada en «energías limpias», (renovables) básicamente eólica y fotovoltaica; pues bien, corremos el riesgo de padecer problemas serios de cara al futuro, toda vez que el despliegue de estas infraestructuras se está dilatando en el tiempo peligrosamente, debido a la complejísima maraña regulatoria y ambiental, cuando no directamente por la inacción político/administrativa, que impide la ejecución de proyectos imprescindibles para el interés general (no se postula la construcción infraestructuras sin control ni planificación, pero deben construirse sin dilaciones injustificadas).
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Nuestros agricultores y ganaderos muestran recurrentemente su enfado, no tanto por la escasa rentabilidad económica del sector –que también– sino señaladamente por los prolijos requerimientos, poco explicados, y lo cierto es que, en ocasiones incomprensibles (derivados de la PAC), las exigencias documentales y las limitaciones para el desarrollo de la actividad. Paradójicamente, cuanto más necesitados estamos de actividad económica en el medio rural para combatir el despoblamiento, un aparato administrativo esclerotizado, ajeno al desenvolvimiento de la vida real y auto justificativo, juega en contra de lo que la política aparentemente pretende.
[–>[–>[–>En fin, urge simplificar y facilitar el crecimiento y la abundancia, antes que ensimismarnos en la distribución de la escasez. Este asunto afecta a la legitimidad de los gobiernos, la política y la salud de la democracia. La legitimidad no es un concepto abstracto; está asociada a la percepción de que los gobiernos y las administraciones son instrumentos capaces, rápidos y eficaces.
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Necesitamos un cambio de cultura política radical a este respecto. Venimos de décadas de crecimiento y expansión, que reclamaban controles para impedir abusos y excesos, y en consecuencia se promulgó legislación de contención y se organizó una administración a propósito. Ahora, por el contrario, estamos ante una crisis de crecimiento y enfrentados a retos de eficacia y aceleración de los ritmos, para dar respuesta a las crecientes demandas ciudadanas.
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Con toda seguridad, necesitamos reflexionar al respecto, y acaso implementar un proceso de «desregulación limitada» para impulsar aquellos proyectos de interés general, además de un aligeramiento de los procesos administrativos, sin retrasos que generan deseconomías, enojo y deslegitimación del sistema.
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No he aludido al factor humano, elemento consustancial a la burocracia administrativa –en otra ocasión cavilaremos acerca de la urgente y profunda reforma de la función pública– pues vaya por delante que los funcionarios son los administradores del tiempo, un bien escaso y de enorme valor.
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