La jueza decreta prisión para el hombre que confesó haber matado a su vecino de un tiro en Catarroja: «Está hundido»
La jueza de la plaza 4 de la Sección Civil y de Instancia del Tribunal de Instancia de Catarroja ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Alberto R. B., el hombre de 33 años que se entregó este domingo a la Guardia Civil tras matar de un disparo a su vecino, en el número 17 de la calle Charco de Catarroja.
[–>[–>[–>El detenido, que llegaba a la sede judicial pocos minutos antes de las 10.00 horas de este miércoles, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha evitado aclarar las lagunas que presenta la versión que tanto él, en la entrevista inicial con los investigadores, como su mujer, en declaración formal, esgrimieron ante el grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia la misma tarde de los hechos, horas después de entregarse y confesar el crimen.
[–> [–>[–>Sí que ha expresado durante su comparecencia estar «tremendamente arrepentido» de estos hechos, de los que, asegura, no guarda muchos recuerdos de cómo sucedieron. Asimismo, ha mostrado su predisposición a reparar «lo antes posible» el daño ocasionado a la familia, ha explicado su letrado, el penalista Miguel Ferrer, para lo cual ha ofrecido tanto a la jueza como a la fiscal poner en venta de manera inmediata el piso familiar, incluso a través de un interventor judicial, para consignar el dinero en la cuenta del juzgado a modo de anticipo de la responsabilidad civil y de la previsible indemnización a las hijas del fallecido, Pedro C. G., de 46 años, que se le impondrá en la condena por su asesinato.
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Riesgo «muy real» de suicidio: «Está hundido»
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El letrado ha explicado que, de sus conversaciones con Alberto, ha podido constatar que «está en shock y no entiende cómo ha podido hacer algo así, de hecho, está completamente hundido y arrepentido» por haberle quitado la vida a Pedro y haber dejado a sus hijas sin padre. En este sentido, Ferrer ha aclarado que «hemos pedido que le apliquen el protocolo antisuicidio en prisión, porque ha amenazado con quitarse la vida», explica su abogado, quien señala que el «riesgo de suicidio es muy real». Una vez concluida la comparecencia, y después de permitirle a su mujer verle un momento para poder despedirse de él, Alberto R. B. fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil al Centro Penitenciario de Picassent poco antes de las 12.30 horas.
[–>[–>[–>Tal como ha venido informando Levante-EMV, Según esta versión, la muerte de Pedro C. G., de 46 años, se produjo durante una discusión que estaba manteniendo con su vecino por el volumen de la música. En esa trifulca, Alberto habría salido con el rifle, un Winchester de calibre 22, sin saber que estaba cargado. Su mujer trató de quitárselo y empezó a forcejear con él, momento en el que disparó el arma cuando el cañón apuntaba al pecho de Pedro, que falleció casi en el acto por la hemorragia producida por el disparo, que le seccionó una arteria principal.
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Este miércoles, familiares directos del detenido se han abalanzado contra el vehículo policial que conducía a los juzgados de Catarroja al asesino confeso para tranquilizarlo. «Las niñas están bien, gordo», le ha gritado su pareja y madre de sus dos hijas, de 6 y 9 años. Tras la comparecencia, que ha durado poco más de XX horas, el arrestado ha sido trasladado a prisión como presunto autor de los delitos de asesinato (homicidio agravado por alevosía, ya que la víctima no tuvo defensa frente al rifle), lesiones, tenencia ilícita de armas y amenazas graves.
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[–>Cuatro armas intervenidas
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Durante el registro practicado en la vivienda del detenido el domingo por la noche, horas después de entregarse y ser detenido, los investigadores requisaron cuatro armas de fuego de su domicilio: dos rifles y dos escopetas. Todas ellas – una de coleccionista, dos en uso, y una cuarta, de paintball- están a nombre de su mujer. Las tenía, según justificó la propietaria a los agentes, por dos motivos: porque le gustan las armas; y por miedo a que algunos de sus vecinos, entre ellos el fallecido, pudieran hacerle algo a ella o sus hijas, de seis y nueve años, con las que pasaba muchas horas sola en casa.
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Es por este último motivo, según justificó, por el que el Winchester de calibre 22, con el que se produjo el ataque mortal, por lo que el arma estaba cargada. De hecho, fueron los agentes de la Guardia Civil los que quitaron los cartuchos a las escopetas y rifles que estaban municionadas durante el registro practicado en la vivienda. Si bien todas las armas que tenían eran totalmente legales, estas no estaban en las condiciones que debían estar, según marca la ley. Es decir, descargadas, desmontadas y dentro de un armero cerrado con llave, máxime cuando en la casa viven dos niñas pequeñas.
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