Él Ministerio de Igualdad quiere modificar la orden que regula las subvenciones a proyectos de investigación, sensibilización y prevención en materia de igualdad y violencia contra las mujeres. La intención es que las entidades que aspiren a recibir dinero público deben reconocer expresamente la prostitución como «una forma de violencia machista».

Es decir, quien no esté de acuerdo con el dogma abolicionista que defiende Igualdad se quedará sin subvención. No por mala gestión o falta de rigor técnico, sino por no pensar como el Ministerio de Ana Redondo.

Según el informe de respaldo, el nuevo requisito busca “alinear la convocatoria” con el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con la Ley Orgánica de 2022. Un pequeño detalle nubla el argumento: La prostitución no estaba incluida como violencia machista en el propio Pacto de Estadoaprobado en febrero de 2025, precisamente porque los grupos parlamentarios no llegaron a un acuerdo. El Gobierno perdió la votación… pero parece decidido a ganarla ahora por la puerta de atrás, vía subvención: o se condena la prostitución o no hay dinero.

Esta imposición ideológica ya ha provocado una reacción inmediata. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (GATOS) ha promovido una documento de acusacionesal que se han sumado una treintena de grupos y más de un centenar de personas. En él exigen al Ministerio «reconsiderar» una redacción que, denuncian, introduce «una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente» y vulnera principios básicos como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

De Alto a la aboliciónuna asociación que destaca que no recibe «ni un céntimo de ninguna administración», el asombro es enorme y denuncian una estrategia basada «en el engaño, la propaganda y el filibusterismo».

Pero la ironía del caso, más allá de los tecnicismos jurídicos, es que el PSOE reparte ahora certificados morales cuando no hay que remontarse muy lejos en el tiempo para encontrar los audios en los que el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo Garcíaambos ahora en la cárcel, las mujeres fueron distribuidas de manera degradante. Todo esto, sin olvidar a Tito Berni ni la información que afirma que Pedro Sánchez financió sus primarias en 2014 y 2017 con el dinero de las saunas de su suegro.

Pese al recuerdo reciente nada amable con el socialismo, StopAbolición denuncia que el Ejecutivo asume ahora la capacidad de decidir qué asociaciones merecen financiación, en lo que consideran una vulneración directa de la Ley General de Subvenciones.