Fuentes de Ministerio de Vivienda Reconocen que la propuesta ya se está estudiando, pero que «no hay nada cerrado». «Es una propuesta en la que se está trabajando y va en la línea de lo que siempre defiende el Gobierno: incentivar conductas que sean de interés general y desincentivar las que no», transmiten.

La iniciativa, aseguran las mismas fuentes, combina incentivos de hasta el 100% para quienes bajen el precio del alquiler y desincentivos para quienes lo suban. En concreto, se modula la deducción general del 50% de la renta en el IRPF para quienes suben el precio, pero en ningún caso llega al 0% porque se mantiene un tratamiento diferenciado para el alquiler residencial de larga duración (contratos a cinco años) frente al alquiler turístico/de temporada», explican sobre la medida.

El Gobierno da este paso para intentar desbloquear los incentivos fiscales para los propietarios que bajen sus alquileres que anunció el presidente Sánchez en enero, pero que quedaron sepultados por la firme oposición de sus socios, que apuestan por prórrogas obligatorias de los contratos para que el alquiler no pueda aumentar. Ambas iniciativas buscan frenar el aumento masivo de los más de 300.000 contratos de alquiler que vencen este año y que afrontan subidas de precios superiores al 30%.

Tras el anuncio de Sánchez, una parte del sector residencial valoró positivamente el anuncio de las bonificaciones fiscales a los propietarios, pero no tanto el real decreto-ley en el que aspira a aprobarse, que incluye otras medidas que pretenden intervenir en los mercados de alquiler de temporada y de habitaciones, además de establecer un régimen sancionador dirigido a quienes incumplan la regulación estatal de los alquileres de corta duración. «Nuestras ciudades, lamentablemente, se están llenando de contratos estacionales que obligan a la gente a renegociar y vivir en una incertidumbre permanente sin un motivo realmente justificado, salvo la especulación y la codicia, y por eso no lo vamos a permitir», defendió Sánchez el 12 de enero durante una visita a los trabajos de derribo de los primeros edificios del cuartel Campamento en Madrid.

La medida contradice también el esquema de incentivos fiscales que la Ley de Vivienda estableció para los propietarios de viviendas en zonas tensionadas, donde el límite de bonificación en el IRPF alcanza el 90%, que es lo que puede obtener el arrendador cuando rebaja el precio al inquilino en el nuevo contrato. La bonificación mínima en estas zonas es el mismo 50% que para el resto de alquileres en el territorio nacional, que ahora podría ser incluso inferior en muchos casos si el Ejecutivo lleva adelante la iniciativa.