Las medidas, tomadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), representan el impacto más decisivo en la economía de Venezuela desde que Trump protagonizó la sorprendente captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Acto seguido, aseguró que a partir de ese momento estaría a cargo de Venezuela y que EE.UU. controlaría su gran activo, el petróleo.

La decisión levanta buena parte del entramado de sanciones que asfixiaba al sector petrolero venezolano, que se iniciaron en el anterior mandato de Trump, en 2019. Pero ese sector, como ya avanzó Trump desde la operación militar que capturó al dictador venezolano, quedará bajo la tutela de Estados Unidos.

La consecuencia inmediata es que las empresas que operaban en Venezuela y que vieron suspendidas sus actividades por las sanciones estadounidenses vuelven a tener licencia para operar en Venezuela. Hay cinco grandes compañías energéticas, entre las que se encuentra Repsol. El resto son BP, Chevron, Eni y Shell.

Una diferencia fundamental impuesta por el retiro de las sanciones es que estas actividades estarán dominadas por Estados Unidos; Los pagos de estas empresas al Gobierno de Venezuela o a PDVSA –la petrolera nacional venezolana– irán a los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero de Estados Unidos, donde también irán a parar los impuestos y tasas estatales que tienen que pagar a Venezuela. Además, los contratos entre empresas extranjeras y Venezuela se regirán por las leyes y jurisdicción de Estados Unidos.

Situación en cifras

En cuanto a las participaciones españolas en la zona, Repsol mantenía hasta el momento una exposición patrimonial de algo más de 330 millones de euros en la economía venezolana, según recoge sus últimos resultados trimestrales. Para la petrolera española, uno de los asuntos más apremiantes es resolver los aproximadamente 900 millones que le debe Caracas. De ellos, tiene provisionados 536 millones y tiene otros 359 millones pendientes de cobrar.

Repsol tiene actualmente una participación del 40% en la empresa conjunta Petroquiriquire con la estatal PDVSA; además de poseer el 50% de Cardón IV, negocio conjunto con el grupo italiano Eni dedicado a la producción y comercialización de gas en el Golfo de Venezuela.

Negocio complicado

Durante 2024, la producción neta media de Repsol en Venezuela alcanzó los 67.000 barriles de petróleo diarios, lo que supone un incremento respecto a los 62.000 registrados en 2023. El problema es que todo ello no ha podido salir del país desde la pasada primavera.

La estrategia actual de la compañía, como apuntó el propio consejero delegado de la petrolera en el encuentro entre grandes empresas y Trump, pasa por triplicar la producción de Repsol en Venezuela en los próximos dos o tres años siempre que se den las «circunstancias necesarias». Esto significaría elevar la cifra a unos 140,00 barriles diarios.

El consejero delegado de Repsol recordó durante su discurso a Trump que se han invertido 21.000 millones de dólares en Estados Unidos desde 2008. «Estamos comprometidos con Venezuela y Estados Unidos». También ha apuntado que están junto a la petrolera italiana Eni «produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico de Venezuela».

Según las cuentas de la compañía en el primer semestre del año, la actualización del perfil de riesgo crediticio de PDVSA ha tenido un impacto negativo de 80 millones de euros, y el valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación sufrió un deterioro de 216 millones de euros. Una situación que se habrá ido agravando a lo largo del año al no poder traer crudo.