El cambio se produce tras las críticas recibidas de sus socios de gobierno en Sumar y de la izquierda del Parlament por la concesión a Junts, que no sólo supone una medida de apoyo a los propietarios sino que también desactiva el plan de incentivos para bajar el precio del alquiler que habían acordado en su momento el Gobierno y las fuerzas de la izquierda parlamentaria.

El enfoque ideado por los ministerios de autoridades fiscales y Viviendaque el Gobierno está negociando ahora con los grupos parlamentarios, establece una especie de sistema bonus-malus en el Impuesto sobre la renta para propietarios con propiedades en alquiler. El punto de partida es una reducción general del 50% en los ingresos por arrendamientos inmobiliarios, que podría llegar hasta el 100% para quienes decidan no subir el alquiler a sus inquilinos, tal y como se acordó con Junts; pero sería incluso menos de ese 50% si optaran por aumentar su pago mensual.

La medida tiene una contraindicación relevante, según señalan desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf)y su ámbito de acción se limitará a los pequeños propietarios de tierras. «Los grandes propietarios gestionan sus alquileres a través de sociedades y están sujetos a esta reducción del IRPF, por lo que la sanción alcanzará básicamente a los pequeños propietarios, que podrán tener una, dos o como máximo tres viviendas en alquiler», explica. Rubén Gimenodirector del Departamento de Estudios de Reaf.

Hablamos de un segmento en el que no es raro que los propietarios utilicen los ingresos del alquiler para financiar total o parcialmente la hipoteca de su nueva vivienda y en el que la rentabilidad es limitada.

Desde Registro de Asesores Fiscales No esperan que la medida provoque grandes movimientos en el mercado. Destacan que en la mayoría de los casos las diferencias que estos incentivos o sanciones fiscales marcan en la factura final del Impuesto sobre la renta Se cuentan por un puñado de decenas de euros y que en estas condiciones los propietarios rara vez cambian sus planes respecto a la cuota mensual que cobran a sus inquilinos. Una estimación realizada por la REAF sobre el impacto potencial de la rebaja del 100% del IRPF por no subir el alquiler reveló que la maniobra sólo era fiscalmente rentable para alquileres superiores a 1.300 euros y que la ventaja obtenida sólo era especialmente significativa en alquileres mensuales superiores a 2.000 euros, donde no parecen concentrarse ni los problemas de acceso a la vivienda ni las dificultades para hacer frente a las subidas de los alquileres. En otras palabras, es una medida prácticamente inofensiva a efectos prácticos para solucionar el problema.

Por el momento, la medida parece ser otra nueva investigación gubernamental dado que aún no hay ninguna especificidad. De hecho, fuentes de Ministerio de Vivienda Reconocen que la propuesta ya está en estudio, pero «no hay nada definitivo», aunque sí confirman que «en ningún caso» la sanción en el IRPF llegará al 0% porque dicen que se buscará mantener «un tratamiento diferenciado para los alquileres residenciales de larga duración (contratos a cinco años) respecto a los alquileres turísticos y de temporada».

Sin embargo, la iniciativa del Gobierno tiene el objetivo de intentar convencer a sus socios para que lleven a cabo el crédito fiscal del 100% en el IRPF propuesto en un primer momento y al que Sumar, ERC o Podemos Cerraron la puerta alegando que es un privilegio fiscal para los propietarios. Actualmente, la formación de Yolanda Díaz no cambia su posición y volvió a rechazar ayer la medida, asegurando que su efecto sería «cosmético» para el mercado del alquiler y defendiendo que su propuesta de prórroga automática de los alquileres «es la única que está sobre la mesa con un impacto real».

El sector residencial carga contra la medida

Pese a las salvedades que puedan hacerse, el simple anuncio de la medida hace dudar al sector residencial de su éxito, que más bien apunta a lo contrario y prevé una salida masiva de oferta si el castigo fiscal sigue adelante. el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María AlfaroAfirma que la introducción de «medidas fiscales penalizadoras» provocará un efecto «inmediato» de pérdida de los propietarios que pongan su piso en el mercado de alquiler, en un momento en el que Alfaro destaca que muchos propietarios «actúan ya en un contexto de inseguridad jurídica y elevada incertidumbre regulatoria». «La iniciativa acelerará, aún más, la retirada de viviendas del mercado de alquiler residencial», subraya Alfaro.

Otra cosa que destaca el empresario inmobiliario es que esta inseguridad jurídica ya ha hecho que en los últimos meses numerosos propietarios hayan abogado por vender sus inmuebles o destinarlos a otro tipo de alquiler. “Los anuncios regulatorios restrictivos generan desconfianza y reducen directamente la flota disponible de alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de la oferta llega hasta el 50% en algunos casos”.

Otras fuentes del sector residencial también destacan que la medida será estéril, «porque acabará en el cajón del olvido» y señalan que se trata de «un giro de guión respecto a lo anunciado por Pedro Sánchez en enero de 2025 y en enero de 2026». «Está claro que lo que quiere el Gobierno es no hablar de la convalidación o no del RD 2/2026, que tiene en vilo a cientos de inquilinos y propietarios», dicen en referencia a la moratoria antidesahucios para la que el Gobierno busca ahora el apoyo de Junts, tras caer recientemente en el Congreso de los Diputados.