EE.UU ha autorizado repsol reanudar operaciones y emprender nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos en Venezuelaen el marco del plan de la Administración Donald Trump para relanzar el sector energético del país caribeño tras la detención de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido dos nuevas licencias que afectan, además de a la petrolera española, a la americana Cheurónlos británicos BP y Shellasí como el italiano Ení.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha aprobado el llamado ‘Licencia General 49‘, que autoriza negociaciones y contratos contingentes para determinadas inversiones en Venezuela, y el ‘Licencia General 50‘, que permite transacciones vinculadas a operaciones del sector de petróleo y gas por parte de determinadas entidades.

Condiciones de funcionamiento estrictas

La Licencia General 50, que incluye repsolimpone condiciones jurídicas y financieras pertinentes. Entre ellos, que los contratos firmados con el Gobierno de Venezuela, con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o con entidades vinculadas a la petrolera estatal regido por las leyes de los Estados Unidos —o una de sus jurisdicciones— y que cualquier disputa se resuelva en territorio de los Estados Unidos.

Asimismo, el pagos monetarios a personas bloqueadas —excepto impuestos, permisos o tasas locales— deben canalizarse a través de la Fondos de depósito del gobierno extranjerosegún lo establecido en la orden ejecutiva 14373 del 9 de enero, o a través de las cuentas que determine Hacienda.

La normativa prohíbe expresamente condiciones de pago no comercialmente razonables, canjes de deuda, pagos en oro o denominados en moneda digital o tokens emitidos por el Gobierno venezolano, incluido el petro.

Transacciones que involucran a personas o entidades ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o Chinaasí como cualquier operación vinculada a buques bloqueados.

Plan para reactivar el sector con capital privado

La autorización se enmarca en el estrategia de la casa blanca Recuperar la producción venezolana con capital privado. El 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon ImazParticipó de una reunión convocada en la Casa Blanca con los principales ejecutivos del sector energético para analizar inversiones encaminadas a reactivar el negocio petrolero del país.

En esa reunión, Trump instó a las empresas a invertir hasta 100 mil millones de dolares —»su propio dinero, no el del Gobierno», subrayó— para impulsar la producción.

Imaz afirmó entonces que Repsol está dispuesta a «invertir más en Venezuela» y podría triplicar su producción en dos o tres años si se cumplen las condiciones adecuadas. Actualmente, la empresa produce alrededor de 45.000 barriles brutos diarios en el país, volumen que, según su director general, podría alcanzar alrededor de 135.000 barriles por día en ese horizonte temporal.

Esta semana, en la XXIII Reunión del IESE y Deloitte del sector energético, Imaz defendió que la petrolera puede jugar un papel relevante en la recuperación económica y social de Venezuela y afirmó que «se ha abierto el futuro y la puerta a una Venezuela mejor», tras disipar -a su juicio- la incertidumbre que existía hace apenas un mes.

15% de las reservas del grupo

Repsol mantiene presencia en Venezuela a través de participaciones en entidades licenciatarias de gas, como Cardón IV, y en empresas mixtas de crudo como petroquiriquire. El país representa aproximadamente el 15% del total de reservas probadas del grupo, con más de 250 millones de barriles de petróleo equivalente.

A 30 de junio, la exposición accionaria de Repsol en Venezuela ascendía a 330 millones de eurosfrente a los 504 millones registrados al cierre de 2024. Esta cifra incluye principalmente el financiamiento otorgado a sus filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar a PDVSA.

Con este movimiento, Washington da un paso decisivo para reactivar Uno de los mayores potenciales petroleros del mundo.mientras Repsol y el resto de grandes energéticas calibran el alcance real de una reapertura sujeta a estrictos controles financieros y legales.