En una sentencia que refuerza la protección del consumidor frente al fraude digital, un juzgado de primera instancia de Oviedo ha dictaminado que un banco debe devolver el casi 2.000 euros que una mujer de 72 años perdió debido a una transacción fraudulenta en su cuenta bancaria que ella no autorizó ni presenció.

La decisión judicial, de la que se hicieron eco los compañeros de El Independiente, marca un precedente en la exigencia de diligencia por parte de las entidades financieras para proteger a sus clientes. en un contexto de fraude cada vez más sofisticado.

El fraude silencioso que no dejó rastro

La mujer, jubilada y con pocas habilidades digitales, descubrió que su cuenta había sido vaciada mediante una transferencia internacional realizada sin su intervención. No hubo correos electrónicos sospechosos, mensajes SMSllamadas telefónicas o enlaces fraudulentos. En concreto, según El Independiente, sin contacto previo con ciberdelincuentes, algo que había alertado a los expertos en seguridad digital.

Este tipo de fraude, cada vez más común, se basa en accesos indebidos a credenciales filtradas o vulnerabilidades en sistemas externos. Los delincuentes, según la investigación policial reseñada en El Independiente, son capaz de generar movimientos financieros aparentemente legítimo sin que la víctima haya interactuado en ningún momento con los agresores.

El papel del banco en la detección de operaciones anómalas

El tribunal reprocha banco que no detectaría eso la transferencia fue claramente atípica. Un movimiento internacional por un importe inusual para el perfil habitual del cliente y realizado en un horario inusual. Estas señales debieron activar los mecanismos de control interno de la entidad, según el fallo.

Para combatir este tipo de fraude silencioso, según expertos consultados por El Independiente, las entidades financieras deben contar con sistemas de análisis de riesgos más avanzados, capaces de bloquear operaciones inconsistentes con el comportamiento financiero histórico de cada cliente.

En palabras de la asesora jurídica que defendió a la afectada, Patricia Belisario, este fallo “refuerza un principio esencial de la regulación de los servicios de pago. Si la operación no ha sido autorizada por el cliente, es la entidad bancaria la que deberá acreditar que no ha habido negligencia grave. El consumidor no tiene que demostrar nada”.

La importancia de una mayor diligencia

La sentencia también destaca que la edad de la víctima añade un deber de diligencia reforzado por parte del banco. Las entidades no sólo deben conocer a su cliente, sino aplicar esa información para evitar operaciones inconsistentes con el perfil y hábitos financieros de las personas vulnerables.

Según el abogado de la víctima, en declaraciones a El Independiente, si se aplicara eficazmente este principio se podrían evitar muchos ataques desde el interior de la propia entidad, sin que se consuma el daño económico.

¿Qué significa el fallo para el sector financiero?

La resolución judicial obliga al banco a reembolsar no sólo los casi 2.000 euros sustraídos, sino también los intereses judiciales y las costas procesales. Para las asociaciones de consumidores, según El Independiente, este tipo de declaraciones Reforzar la idea de que los sistemas básicos no son suficientes. medidas de seguridad como una doble verificación si los ciberdelincuentes explotan vulnerabilidades más profundas.

Esta sentencia da voz a los clientes que, tras sufrir un fraude digital sin haber sido engañados explícitamente, creían que no tenían herramientas para denunciar. Ahora la jurisprudencia confirma que la ausencia de prueba de autorización por parte del cliente es suficiente para forzar la banco para responder.

El contexto de los fraudes bancarios sin contacto

Las estafas silenciosas, en las que la víctima no interactúa con ningún enlace o comunicación fraudulenta, están ganando terreno entre los ciberdelincuentes. Según fuentes consultadas por El Independiente, estos ataques se basan en Técnicas automatizadas que imitan la identidad digital. de usuarios y preparar transacciones financieras sin dejar rastros claros.

La resolución de Oviedo se interpreta como un impulso para los consumidores contra los riesgos que presentan las transacciones digitales en un entorno cada vez más tecnificado. En un mundo donde los ataques informáticos se vuelven más sofisticados, la obligación de banco Aplicar controles robustos y eficaces se vuelve esencial para garantizar la confianza en el sistema financiero.