Pedimos que la reconsideren para evitar una grave ruptura de mercado
“Estamos seguros de las buenas intenciones que hay detrás de esta medida, pero pedimos al Gobierno del Principado y a todos los grupos representados en el parlamento asturiano que la reconsideren e introduzcan las modificaciones necesarias para evitar la grave ruptura de unidad de mercado que supone”. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) advierte que la nueva ley de Asturias para limitar la venta de bebidas energéticas a menores podría provocar una “fragmentación del mercado interior” al incorporar medidas “muy intervencionistas” que obligarán a dar un tratamiento específico solo en la región a este tipo de productos, incrementando los costes de una cadena que ya está “muy ajustada para ser competitiva”.
[–>[–>[–>El presidente de la organización, Josep Antoni Duran y Lleida, asegura que el problema de esta regulación, cuyo estudio arrancará este lunes en el parlamento asturiano, no radica en su intención de proteger la salud pública ni si tiene base científica suficiente, “lo cual no se ha explicado suficientemente”. El problema, dice, es que es “una prohibición diferente a la que ya se ha establecido en una comunidad limítrofe, como Galicia, sin que exista una justificación para ello”.
[–> [–>[–>“Los menores gallegos y los asturianos deberían tener una protección igual y las empresas que operan en los dos territorios no deberían sufrir el coste que supone cambiar la forma de actuar en función de si están en Vegadeo o en Ribadeo”, afirma quien fuera importante político catalanista durante años, sin entrar a valorar la edad en la que deberá establecerse la prohibición.
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Restricciones «desmesuradas»
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Duran i Lleida insiste en que la afectación va a ser muy importante, tanto para los supermercados y distribuidores como para los clientes. “Hacerlo de forma diferente en cada comunidad obliga a cambiar procesos, formación, operativa en tienda, logística, información al consumidor… Todo esos son costes, que repercuten sobre una cadena que está muy ajustada para ser competitiva”.
[–>[–>[–>En este sentido, recuerda que existe un consenso creciente en la Unión Europea sobre la necesidad de reducir las diferencias no justificadas, como en este caso. Mientras que la normativa asturiana incorpora restricciones “desmesuradas que no existen con ningún otro producto cuya venta está condicionada a la edad”. Es decir, “no se cumple el principio de proporcionalidad que toda norma restrictiva de la actividad económica debe perseguir: idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
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Duran i Lleida explica que algo que, a primera vista puede ser simple, como calcular la edad dependiendo de si el cliente lleva bebidas energéticas (que pretende prohibir el Principado a menores de 16) o alcohol (prohibido a menores de 18) supone “una sobrecarga que se traducirá en costes, incomodidades para los clientes y dificultades para hacer entender la norma ya que la edad reconocida para cualquier ‘prohibición’ o ‘adquisición de derecho’ son los 18 años”.
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[–>Alcohol sí, bebidas energéticas no
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Pero aún les resulta más difícil de entender que, según la futura norma asturiana, un adulto acompañado -por ejemplo- de sus hijos menores podrá adquirir cualquier bebida alcohólica, en la cantidad que desee, pero no una bebida energética. “No vemos justificado que se haga recaer sobre el comercio una medida tan difícil de entender por los consumidores y que no tiene precedentes conocidos en Europa. Esta medida invade la esfera privada y personal, excede de la salud porque entramos en el comportamiento y educación de cada adulto a sus hijos. Supondrá enfrentamientos del cliente con el trabajador, ya que es la única ley en la que en función de con quien vas puedes o no comprar el producto”, advierte el presidente de Asedas.
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Duran i Lleida apunta que “la operativa en tiendas es algo muy complejo, en la que miles de personas trabajan mucho para que el cliente no perciba ningún problema al hacer sus compras. Pero cuando no funciona al 100% se nota y es cuando el cliente se queja”.
[–>[–>[–>“Tenemos uno de los sectores más eficientes y competitivos de Europa, que se basa en la fuerte competencia y en la capacidad de elección de los consumidores. Así se ha demostrado en las recientes crisis que hemos vivido. También en la protección de la salud y de los menores. Por eso, es injusto que parte de esa eficiencia se cuestione por incrementar las cargas de la regulación injustificadamente”, defiende.
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