Polémica en torno a la ley con la que el Gobierno del Principado quiere regular el consumo de bebidas energéticas en Asturias, vetando su consumo a los menores de 16 años, entre otras medidas. Y no solo la ha generado en la patronal nacional de supermercados y distribuidoras (Asedas), que ha pedido al Ejecutivo autonómico que reconsidere la ley, sino también en el plano legal y político, una vez que el PP ha alzado la voz para denunciar que la consejería liderada por Ovidio Zapico (IU) ha protagonizado un «despilfarro y derroche de dinero público» en la contratación de servicios profesionales privados para la redacción de la normativa del proyecto, «que debería ser elaborado por el propio personal de la Consejería» y que, para más inri, ha necesitado de una remodelación ante los defectos legales encontrados.