Similitudes y diferencias entre los planes de Vox y Junts para prohibir el burka y el nicab
El Congreso debatirá este martes una propuesta de Vox para prohibir el uso del velo islámico integral en España. El plan de la extrema derecha será tumbado por el hemiciclo, pero ha propiciado que Junts lance su propia iniciativa para conseguir el mismo fin. Los posconvergentes han presentado una propuesta legislativa que también busca vetar el burka y el nicab en el espacio público, además de reclamar que la Generalitat tenga competencias en «materia de seguridad e identificación de personas» para lograrlo. Estas son las similitudes y diferencias entre el plan de Vox y el de Junts:
[–>[–>[–>[–>[–>[–>Vox justifica su plan alegando que la civilización europea está «asentada sobre los pilares de la tradición cristiana», que sigue un modo de vida basado en «principios como la libertad, la justicia, el imperio de la ley y la protección del bien común». Unos principios que, según la extrema derecha, están siendo «amenazados» por «la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes» que, a su juicio, «pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público de dichos países». Aquí es donde el partido cree que permitir llevar el rostro «cubierto» es «incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana». Para el partido, el islam es «una ideología ajena y hostil» en España.
[–> [–>[–>Junts, en cambio, justifica su propuesta por «razones de protección de derechos fundamentales, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la seguridad pública y la convivencia democrática». Los posconvergentes aseguran que no se dirigen contra «ninguna confesión concreta» y que reconocen «la libertad religiosa e ideológica«, pero sostienen que esta «debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad». «La pluralidad no puede convertirse en amparo de prácticas que objetivamente materialicen desigualdad estructural», añaden en la exposición de motivos de su texto, donde definen el nicab y el burka como una prenda que «convierte a la mujer en una presencia negada o condicionada» y que «la relegan a una posición de inferioridad», algo que también alega Vox.
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El partido liderado por Carles Puigdemont también defiende dotar a los Mossos d’Esquadra «del marco jurídico competencial necesario para que sea plenamente efectiva su capacidad de intervención integral en la garantía de la seguridad ciudadana». Por ello, la ley incorpora la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat.
[–>[–>[–>Santiago Abascal, líder de Vox. / José Luis Roca
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Vox exige «una prohibición general de uso en el espacio público» del nicab y el burka para «establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica». Para ello buscan modificar la ley de protección de la seguridad ciudadana para sancionar el uso de estas prendas y la «acción de obligar a su uso» y la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para asegurar que «la reincidencia» sea sancionada con la «expulsión» del territorio español. También pretenden añadir en el Código Penal un delito específico.
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Junts, en cambio, presenta un artículo único para «prohibir la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona» y dejan claro que esto incluye el nicab y el burka. Los posconvergentes precisan que se entiende por espacio público «la vía pública y cualesquiera espacios de acceso público o de uso público», incluidos los medios de transporte, dependencias administrativas y equipamientos abiertos al público.
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[–>Ahora bien, a diferencia de Vox, añaden excepciones: cuando su uso sea «necesario por motivos de salud», cuando tenga que ver con la «prevención de riesgos laborales o por razones de seguridad en el trabajo», y cuando esté acreditado para «actividades deportivas, culturales, festivas o tradicionales, cuando no concurra riesgo para la seguridad pública». Pero, a la vez, puntualizan que «cuando resulte necesario para finalidades de identificación, seguridad o acceso a servicios públicos, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad«.
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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, el 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso acoge hoy el debate y votación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley Orgánica sobre reincidencia múltiple, que modifica el Código Penal y la Ley Procesal Penal. 12 DE FEBRERO DE 2026 Alberto Ortega / Europa Press 12/02/2026. Miriam Nogueras; Josep María Cruset; Alberto Ortega / Alberto Ortega / Europa Press
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Junts aprovecha estos cambios en la ley para reclamar que sea la Generalitat la que asuma las competencias en esta materia en Cataluña mediante una delegación «en materia de seguridad e identificación de personas». En esta dirección, los posconvergentes recalcan que la autonomía debe asumir las facultades «para garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, la garantía del mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana, la prevención y la investigación de actos delictivos y, en general, el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos», pero también la competencia para «ejecutar la normativa vigente en materia de devolución de personas extranjeras» y la emisión de documentos de identificación personal, como el DNI, el Pasaporte o el NIE.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>La extrema derecha busca prohibir el nicab y el burka «en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público». La ley de Vox quiere añadir en el Código Penal un delito para castigar con una pena de entre entre un año y seis meses y tres años de prisión «al que impusiere, mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción, el uso de los velos denominados nicab y burka». Unas penas que se elevarían hasta entre dos años y seis meses de prisión y hasta cuatro años si la víctima se hallara en situación de vulnerabilidad, enfermedad, discapacidad o si fuera menor de edad. En el caso de que los infractores fueran extranjeros, se les expulsaría del territorio español. Junts, en cambio, no incluye ninguna sanción en caso de no cumplir con la prohibición.
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